RAYNER PENA R (EFE)
La justicia argentina es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, sostuvo Amnistía Internacional en un escrito presentado el 26 de febrero de 2024 ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No.2 de Argentina.
A través de una intervención conocida como amicus curiae (amigo del tribunal), la organización ofreció argumentos jurídicos en torno a la jurisdicción universal y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela que dan cuenta de por qué en ese país las violaciones a derechos humanos siguen en impunidad.
“Amnistía Internacional cree firmemente en el enorme potencial que tiene el uso de la jurisdicción universal en Argentina para proteger el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes internacionales cometidos en Venezuela. El escrito de la organización es una contribución dirigida a promover el avance decidido e independiente en la investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este sentido, en su escrito la organización expuso cómo “la regulación de la jurisdicción universal del artículo 118 de la Constitución de la Nación Argentina, los precedentes jurisprudenciales internos, la normativa internacional aplicable, y la calificación del delito en este caso como de lesa humanidad, hacen patente que el principio de jurisdicción universal es aplicable a pesar de que los hechos hayan acaecido en territorio extranjero e involucren a sujetos activos y pasivos foráneos”.
La demanda presentada ante la justicia argentina en junio de 2023 por víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice tiene su origen en la falta de un sistema de justicia independiente en Venezuela. En su escrito, Amnistía Internacional reitera cómo “el sistema de justicia de Venezuela ha demostrado que no tiene voluntad ni capacidad para genuina y adecuadamente investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes graves de derechos humanos en su jurisdicción doméstica, menos aún a aquellos que ostentan altos cargos en las líneas de mando”.
Investigaciones de la ONU y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), –así como Amnistía Internacional– han denunciado la existencia de motivos suficientes para sostener razonablemente que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía de la CPI es complementaria a la que realiza la justicia argentina. En el caso de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la organización sostiene que Argentina es competente bajo el principio de jurisdicción universal y puede avanzar en la investigación, judicialización y sanción penal de las personas responsables.
La investigación abierta por la justicia argentina se enmarca en un contexto de creciente represión por las autoridades venezolanas en el país, incluida la desaparición y detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.
Mientras existen mecanismos de escrutinio internacional con mandato sobre Venezuela, como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, el Estado venezolano no ha cooperado con dicho mecanismo ni ha implementado las recomendaciones realizadas por la Misión y otros mecanismos de protección de derechos humanos. El 15 de febrero de 2024, anunció la expulsión del país del personal de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en un esfuerzo por seguir evadiendo el escrutinio y la rendición de cuentas.
“Estamos presenciando un nuevo recrudecimiento de las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en Venezuela. Volvemos a ver de forma cotidiana el uso de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ausencia de garantías mínimas de un juicio justo, y ataques constantes a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Mientras la crisis de derechos humanos en Venezuela está en un momento álgido, no hay mejor oportunidad para ponerle freno a los perpetradores de estas violaciones y crímenes y aplicar toda la fuerza del derecho penal internacional para ofrecer justicia para las víctimas. La justicia argentina tiene la oportunidad de ser protagonistas de este esfuerzo”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El derecho internacional es consistente en permitir que todos los Estados se encuentran facultados para investigar y, si existiesen pruebas admisibles suficientes, sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional. En algunos casos, esa facultad se convierte en una obligación de derecho internacional, cuando la o el presunto responsable se encuentre presente en un territorio sometido a la jurisdicción de otro Estado. Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo.
La investigación de Amnistía Internacional con respecto a la jurisdicción universal documentó que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2011, al menos 20 Estados han llevado a cabo investigaciones, han iniciado juicios o han completado juicios basados en la jurisdicción universal para los crímenes más graves. Entre estos Estados se incluye: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, España, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos.
En el caso particular de Argentina resaltan la llamada ‘querella argentina’ iniciada en 2010 contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el gobierno de Francisco Franco y la investigación abierta en 2021 sobre el posible genocidio del Pueblo rohinyá en Myanmar (antigua Birmania).