Tres cadenas perpetuas han sido la conclusión este martes del juicio más mediático y con trasfondo sangriento observado por Países Bajos: seis años de audiencias manchadas de amenazas a la princesa heredera Amalia y al primer ministro Mark Rutte, y con tres víctimas mortales de los intentos del crimen organizado de boicotear el juicio.
Se celebraron 142 días de audiencias desde 2018, y la sentencia dictada hoy no es el final del conocido como Caso Marengo porque habrá apelaciones.
Los 17 implicados, incluido el líder Ridouan Taghi, fueron declarados culpables por su participación en diferentes niveles en “una organización criminal” que asesinó a cinco personas, intentó matar a al menos otras dos, y estaba preparando varias liquidaciones.
Así se lo demostraron a los jueces decenas de miles de páginas de expedientes, más de 800 páginas de acusación y otras 3.000 de alegatos de la defensa, pero sobre todo, así lo testificó Nabil B., condenado a diez años de prisión, la mitad de lo que corresponde, por un acuerdo en el que aceptó ser el principal testigo del caso, lo que costó la vida a tres personas de su entorno.
Su hermano Reduan, su abogado Derk Wiersum y su confidente, el reportero Peter R. de Vries, fueron asesinados en 2018, 2019 y 2021, respectivamente, en intentos de Taghi de impedir que declarase como testigo. El gobierno neerlandés se disculpó el año pasado ante las familias por la caótica protección del entorno de Nabil B.
“Violencia despiadada”
El juez enfatizó hoy que los acusados son responsables de una “violencia despiadada y desestabilizadora” y aseguró que “los mensajes en el expediente nos adentran en un mundo donde la vida humana no tiene valor alguno”. El miedo impidió que familiares de las víctimas declararan o presentaran reclamaciones.
Las audiencias se celebraron rodeadas de medidas de seguridad, incluidos policías fuertemente armados y drones de vigilancia, para evitar posibles fugas. Muchas identidades, incluidas las de los jueces, se protegieron por motivos de seguridad.
“Esto muestra el miedo que la violencia implacable de la organización de Ridouan Taghi ha causado entre ellos”, subrayó la justicia. Taghi fue sentenciado a cadena perpetua como “líder indiscutible de la organización criminal”, la misma pena que recibió su mano derecha, Said Razzouki, y otro implicado, Mario R.
Taghi fue arrestado a finales de 2019 en una villa de lujo en Dubái donde se estaba escondiendo, y Razzouki fue detenido meses después por las autoridades colombianas en Medellín.
Un acusado de alto perfil, Achraf B, recibió una de las penas más altas, 29 años y dos meses de prisión, y Marruecos también solicitó su extradición por un ataque en Marrakech en 2017 en el que murió el hijo de un conocido juez marroquí.
Los otros implicados obtuvieron hasta 27 años de cárcel. La pena más leve correspondió a Ricardo O., porque “incluso un papel pequeño es muy reprobable”, según el tribunal.
Mocro Mafia
El tribunal consideró que los asesinatos estaban bien preparados, se siguió de cerca a las víctimas y se borraron huellas, y la organización contaba con muchos socios, como tiradores y conductores, pero también funcionarios corruptos que les proporcionaban información.
“Rivales criminales, personas que no habían pagado una deuda o hablaban con enemigos o con la policía; todos corrían el riesgo de terminar en una lista de muertos. La facilidad con la que Taghi decidía que alguien debía morir es impactante. Los mensajes que envió no dejan lugar a dudas y muestran claramente cómo la organización actuaba sin escrúpulos. No importó el sufrimiento de los familiares de las víctimas. Incluso hubo padres asesinados delante de sus hijos pequeños”, lamentó el tribunal.
Los grupos del crimen organizado en Países Bajos son conocidos como Mocro Mafia, están formados principalmente por ciudadanos neerlandeses y de origen marroquí o surinamés, y desde 2012 libran una guerra territorial entre bandas enemigas iniciada tras la desaparición de un cargamento de cocaína del puerto belga de Amberes.
Esta guerra se ha cobrado la vida de decenas de personas e instauró el terror en las calles.
La princesa Amalia tuvo que cancelar en 2022 sus planes de vivir en Ámsterdam durante su etapa universitaria porque su nombre apareció en mensajes interceptados que indican un posible intento de secuestro. Lo mismo ocurrió con Rutte o el exministro de Justicia Ferd Grapperhaus, que vieron reforzada su seguridad.
EFE