Con mucha preocupación ve el Comité de Usuarios de los Servicios Públicos en Táchira el mecanismo de extorsión institucional que quiere aplicar Corpoelec contra los usuarios, violando además de la Constitución, ante el aviso enviado a miles de venezolanos este martes mediante el correo electrónico advirtiendo el pago de sumas de 1.000 a 10.000 bolívares antes del 31 de marzo de 2024 o, de lo contrario, el servicio eléctrico será suspendido.
Anggy Polanco / Corresponsal lapatilla.com
Ante el correo recibido, en las oficinas de Corpoelec de San Cristóbal se aglomeraron los usuarios, algunos preguntando si su servicio les sería cortado y otros realizando los pagos facturados por la empresa estatal. Vale recordar que el salario mínimo en Venezuela sigue siendo 130 bolívares.
Alberto Rojas, miembro de la citada organización de usuarios y concejal de San Cristóbal, expuso que es violatorio a los derechos humanos el hecho de pretender imponer un pago a las familias que ni siquiera tienen cómo pagar un arriendo o comer.
“Es cierto que tenemos la obligación de cumplir con el pago de las tarifas de los servicios públicos, pero no se puede aplicar una estrategia intimidatoria que solo busca generar caos, zozobra y quebrar la moral y el bolsillo de los venezolanos”, subrayó Rojas.
Se preguntó cómo se le cobra un servicio a una familia que tiene racionamiento eléctrico de hasta seis horas continuas, en el caso de San Cristóbal; pero en municipios adyacentes como Panamericano o Ayacucho, duran hasta un día completo sin el servicio de energía eléctrica.
“Entonces, cómo pretenden por la vía del correo electrónico o por la vía personal, cobrarle a un comerciante o a una humilde señora, el servicio que no está recibiendo”, aseveró Rojas.
Ahora, los habitantes de la entidad reciben el último achaque de las autoridades, que dicen que la deficiencia del servicio eléctrico se debe al cambio climático, dijo Rojas. Pero no es el cambio climático, es el sistema, el Estado venezolano no está a la altura de la circunstancia.
“Pretenden por la vía de la fuerza arrodillar y obligar a la gente a pagar por un servicio que no recibe”, añadió.