Las relaciones de Chile y Venezuela comenzaron a tropezar los últimos años del gobierno de Hugo Chávez, y tras la subida al poder de Nicolás Maduro no lograron encauzarse pese a los intentos de la expresidenta Michelle Bachelet. Finalmente, se enfriaron durante el segundo mandato de Sebastián Piñera y así han permanecido con el izquierdista Gabriel Boric.
Por María Errazuriz / abc.es
Hoy la polémica se centra en la negación, por parte de las autoridades venezolanas, de la existencia de un grupo de crimen organizado que se ha expandido por América Latina y tiene presencia en Chile, el conocido Tren de Aragua.
En el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda está vinculada la banda Tren de Aragua, nacida en una cárcel de Venezuela y extendida por Chile, Perú y Bolivia
Las sorprendentes declaraciones del canciller Yván Gil el pasado martes, ocasión en la que afirmó que dicho grupo criminal era una ficción creada por los medios internacionales, terminaron por empujar al mandatario chileno a adoptar medidas.
De ahí que el Ministerio de Relaciones Exteriores llamara en consulta, sin fecha de retorno, al embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, quien ha debido intensificar sus buenos oficios para mantener la comunicación con el régimen de Maduro.
«Las afirmaciones irresponsables del Canciller de Venezuela, desconociendo la existencia del Tren de Aragua, son preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y, además, demuestran una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, lo que no es justo ni tolerable», escribió el presidente Boric en su cuenta de X.
Aseguró que el objetivo de llamar en consulta al diplomático es poder recabar información detallada sobre la situación actual en ese país e instruir a Gazmuri a tomar todas las acciones que sean necesarias, tanto ante el gobierno venezolano, como también ante organismos internacionales destinadas a fortalecer la seguridad de los chilenos.
Después, visiblemente contrariado en una actividad pública, el mandatario afirmó que «la negación no sirve y no es tolerable». «No solo demuestra una falta de compromiso con la cooperación internacional necesaria en materia de seguridad, sino que también demuestra una negativa a abordar de manera efectiva los problemas transnacionales del crimen organizado«, sentenció.
Boric reconoció que le preocupa la falta de colaboración por parte del gobierno venezolano en áreas claves relacionadas con la seguridad como, por ejemplo, la expulsión de individuos responsables de cometer delitos en Chile. Venezuela ha puesto traba a los vuelos desde Santiago con repatriados.
Reproches cruzados
El Tren de Aragua, cuyos primeros indicios se conocieron hace más de dos años en el norte de Chile, se ha transformado en uno de los grupos criminales más peligrosos hasta ahora detectados. Las investigaciones policiales indican, hasta el momento, que ellos son los responsables del secuestro y asesinato del teniente venezolano y asilado político en Chile, Ronald Ojeda, hecho ocurrido en marzo.
En su declaración el canciller Gil no solo negó la existencia de esta organización nacida en la cárcel de Aragua, sino que fue más allá y aseguró que «ridículamente» circulan videos donde personas dicen ser del Tren de Aragua, «con acento peruano, con acento chileno».
La ministra del Interior, Carolina Tohá, encargada de la seguridad en Chile fue la primera en reaccionar y afirmar que Chile, Perú, Ecuador y Colombia han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal. «Entonces eso es un insulto, no (solo) al gobierno de Chile, al pueblo de Chile, y a los pueblos latinoamericanos», afirmó.
Sus palabras fueron reforzadas en la red social X por el canciller Alberto Van Klaveren, quien sostuvo que «es inaceptable el negacionismo respecto de los impactos del crimen organizado en Chile y la región». A Van Klaveren, Gil respondió que el combate al flagelo de la delincuencia no se combate con una «narrativa falsa» y con etiquetas que solo buscan enlodar el gentilicio venezolano y su gobierno.
La migración descontrolada de venezolanos a los países del sur de América no solo ha tensionado las relaciones entre Caracas y Santiago, sino también el hecho de que un mandatario de izquierda como Gabriel Boric haya sostenido en distintas oportunidades y foros que las violaciones a los derechos humanos deben ser condenadas en todos los países, incluido Venezuela, sin importar la afinidad ideológica que tengan sus gobernantes.