El observatorio medioambiental de Venezuela Proyecto EPA, de la ONG Fundaredes, pidió este viernes al Estado venezolano que erradique por completo la minería ilegal para proteger el medio ambiente y la salud de los ciudadanos que viven en las zonas donde se practica esta actividad.
“Es responsabilidad del Estado venezolano erradicar la explotación de la minería ilegal a fin de proteger tanto el medio ambiente como la salud de las personas que viven en las zonas afectadas por esta devastadora actividad”, señaló el Proyecto EPA en la red social X.
Asimismo, dijo que la contaminación por mercurio, usado en la minería, es un problema ambiental de “grandes dimensiones” y con “consecuencias devastadoras” para la salud de las personas.
“Las regiones del sur del país están siendo las más afectadas como consecuencia de la extracción descontrolada”, añadió.
El pasado 31 de marzo, la ONG venezolana Clima21 exhortó al Gobierno que ratifique el Convenio de Minamata, con el objetivo de establecer un plan con el que se elimine por completo el uso del mercurio en el sector de la minería.
La organización sostuvo que actualmente hay una ausencia de respuestas “eficaces, oportunas, suficientes y continuas” ante el problema que representa la contaminación por mercurio derivado de la pequeña y mediana minería.
“Tampoco existe información sobre el volumen de mercurio actualmente usado en la minería de oro en el país, ni sobre el nivel de importaciones de mercurio de Venezuela”, agregó.
En julio pasado, el funcionario chavista Josué Lorca informó de un plan de reforestación de las zonas afectadas por la minería ilegal, especialmente por el uso de mercurio, dentro de la región amazónica que colinda con Brasil y Colombia.
Se trata, remarcó entonces, de “áreas bastante afectadas” por la extracción de minerales, una actividad que el Gobierno intenta erradicar a través de un plan de evacuación de mineros ilegales.
El pasado 14 de marzo, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó que más de 7.000 personas han sido desalojadas de la región amazónica del país en menos de un mes por practicar la minería ilegal.
Según la FANB, más de 2.500 militares están desplegados en parques nacionales, reservas forestales y cuencas hidrográficas en misiones contra la minería ilegal.
Con información de EFE