JOSE LUIS MAGANA (AP)
Donald Trump continúa marcando el curso judicial en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Varios de los casos de más calado político y constitucional lo tienen como protagonista, a veces de forma directa y otras, indirecta. Este martes, mientras el primer juicio penal al expresidente calienta sus motores en una corte de Manhattan, en Nueva York, los nueve magistrados del Alto Tribunal celebran una vista en la que se decide el alcance de dos delitos imputados a Trump en el caso federal por intento de amaño electoral tras los últimos comicios presidenciales, celebrados en noviembre de 2020. Aunque en puridad él no sea parte en la vista, lo que decidan los jueces puede exonerarle de esas acusaciones. Además, el caso es decisivo para las responsabilidades penales por el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.
Por El País
El Tribunal Supremo tiene entre sus integrantes una supermayoría conservadora de seis a tres. Tres de sus magistrados fueron nombrados por el propio Trump cuando era presidente. Los jueces ya sentenciaron el pasado 4 de marzo que la decimocuarta enmienda de la Constitución, sobre la inhabilitación en casos de insurrección, no le impedía presentarse a las elecciones. Además, este tribunal tiene sobre la mesa un recurso en el que el expresidente reclama inmunidad. Hay más casos vinculados al republicano que pueden escalar a la cúspide judicial.
De momento, el Supremo escuchará este martes los argumentos orales del caso Joseph Fischer contra EE UU, en el que un imputado por participar en el asalto al Capitolio pide amparo. Lo que está en juego en este proceso judicial es la validez del delito de obstrucción de un procedimiento oficial aplicado a la insurrección de enero de 2021, que impidió seguir adelante con normalidad en el Congreso con la certificación de la victoria electoral de Joe Biden frente a Trump en las elecciones de noviembre de 2020.
En el caso de Fischer, un expolicía de Boston, el juez de distrito inicialmente le dio la razón en su petición de desestimar la acusación por obstrucción. El magistrado interpretó que para poder imponer una pena por obstaculizar un procedimiento oficial, con fue la sesión en el Congreso que ratificaba la victoria de Biden, la ley exige haber realizado “alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto”. Ante la decisión de este juez, el Departamento de Justicia recurrió ante el tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia, que dijo que el artículo debía aplicarse en el caso de Fischer.
El delito de obstrucción está regulado en el código penal estadounidense en el artículo 1512 del US Code 18, que indica en su letra (c)(2) que “quien de manera corrupta obstruya, influya o impida cualquier procedimiento oficial, o intente hacerlo, será multado conforme a este título o encarcelado no más de 20 años, o ambas cosas”.
La letra de ese apartado concreto de la ley, considerada de forma aislada, parece ajustarse con claridad a lo ocurrido en el asalto al Capitolio. El problema de interpretación se pone de manifiesto cuando se observa que prácticamente todo ese artículo está destinado a castigar a quien boicotee u obstruya una investigación de diferentes formas, desde asesinar a un testigo a ocultar pruebas.
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