Al crudo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que permanece almacenado en tanques de la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) le salió un nuevo doliente.
Por Javier Ignacio Mayorca / cronicasdelcaribe.com
Se trata de Huntington Ingalls, una poderosa corporación del complejo industrial-militar estadounidense, cuyo fuerte es la construcción de embarcaciones de guerra.
En 1992, esta empresa resultó favorecida con un contrato para la reparación y modernización de las fragatas misilísticas F-21 ARV Mariscal Sucre y F-22 ARV Almirante Brión.
Este proceso tuvo contratiempos que ocasionaron la suspensión de los trabajos en varias oportunidades, así como el cese de los pagos correspondientes. Se llevaron a cabo arbitrajes en Ciudad de México, Washington y Río de Janeiro. En todos resultó perdedor el Estado venezolano. En el último fallo, emitido en julio de 2018, se condenó a Venezuela al pago de 130 millones de dólares.
Según registros del Tribunal Supremo de los Países Bajos, con sede en La Haya, Huntington Ingalls invocó el desenlace del proceso llevado a cabo en la ciudad brasileña para exigir la confiscación de 384.410 barriles de Fuel Oil tipo Slurry Isla, que permanecen almacenados en un tanque de Bopec.
En el aire
En julio de 2019 se impuso de esta sentencia a la petrolera bonairense. Se debía embargar “todo el petróleo y productos petrolíferos propiedad de Venezuela (…) y distribuidos por las empresas Petróleos de Venezuela SA, PDVSA Petróleo SA, Bonaire Petroleum Corporation NV, NuStar Terminals Marine Services NV, NuStar Terminals NV, NuStar Logistics LP y/o NuStar Energy LP se llevan a cabo en la Terminal Bonaire Petroleum Corporation en Bonaire o en la terminal NuStar en San Eustaquio”.
Pero el hidrocarburo no fue entregado a Huntington. Bopec alegó que no almacenaba crudo de Venezuela, sí de Pdvsa. En 2021, se llevó a cabo una subasta. Un tercero adquirió los derechos sobre ese producto, al ofrecer 200 mil florines, equivalentes a 111 mil dólares.
En dos instancias anteriores, los juzgados dieron la razón a Bopec, en el sentido de que Huntington no había probado una perfecta identidad entre la estatal petrolera y Venezuela.
Según los registros judiciales, Huntington argumentó posteriormente que la relación entre Venezuela y Bopec no puede ser puesta en duda.
“Es indiscutible que Venezuela es el único accionista tanto de Bopec como de las entidades de PDVSA; varios directores de Bopec son también directores de las entidades de PDVSA y que un director de Bopec es coronel del Ejército de Venezuela; (…) está reconocido en diversos procesos judiciales que el petróleo incautado es propiedad de Venezuela y está destinado a ser suministrado por PDVSA a China”, afirmó la empresa.
En virtud de esta situación, el juzgado de La Haya presidido por Maurice Valentijn Polak anuló la sentencia del Tribunal de Justicia Común, emitida en noviembre de 2022, que desfavorecía a Huntington Ingalls, y ordenó a esa misma instancia la elaboración de un nuevo fallo.
Igualmente, condenó a Bopec al pago de las costas del proceso judicial. Sus representantes legales no participaron en la audiencia.
En noviembre de 2022, la Armada anunció que la estatal Diques y Astilleros CA (Dianca) emprendería los trabajos de “mantenimiento mayor” de las fragatas que ocasionaron este litigio.