Es evidente que, a pesar de contar con un marco normativo en Venezuela que promueve la protección de los derechos de los ancianos, en la práctica existen muchas vulneraciones y deficiencias en la implementación de políticas públicas efectivas para garantizar su bienestar.
Corresponsalía lapatilla.com
La Ley Especial para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, que es una normativa nacional, está en vigencia desde el año 2021. Sin embargo, al parecer ha sido insuficiente en cuanto a la atención de los adultos mayores en La Guaira y en el resto del país.
Es preocupante que los beneficios para los adultos mayores se limiten en gran medida al cobro de una pensión ínfima y a la exoneración del pasaje, que en muchos casos no se cumple. Es fundamental que se amplíen y fortalezcan los programas de protección social para garantizar una vida digna a esta población vulnerable, que desde hace muchísimos años se ha visto golpeada directa e indirectamente por las políticas del chavismo.
Nuestro equipo de Corresponsalía conversó con la abogada Daniela Contreras, quien es maestrante de Administración de Negocios, tesista especialista en Aduana y Comercio Exterior, activista social, fundadora del movimiento Valor Ciudadano y coordinadora del proyecto Asydd La Guaira del Foro Cívico, quien profundizó en el tema.
Señaló que es importante destacar la necesidad de que los adultos mayores conozcan y ejerzan no solo sus derechos, sino también sus deberes, como ser parte activa de la sociedad, respetar las leyes y exigir el cumplimiento de sus garantías.
Situación actual
“Un marco normativo de derechos para el adulto mayor, en términos generales sí hay. El problema es si esto realmente se transforma en políticas públicas reales que beneficien al adulto mayor, y si se están o no cumpliendo”, expresó.
Detalló que cuando se habla de deberes y derechos, es bien interesante porque la gente siempre tiene más claro sus derechos, “aunque en la esfera del tema del adulto mayor es bastante cerrado y los adultos mayores tienen esta visión de que solamente su derecho es cobrar la pensión”.
Por otra parte, no existe manera de exigir otros derechos, porque no cuentan con otros mecanismos o no están materializados otros beneficios que están en la ley, “porque el Estado debería beneficiar al adulto mayor, aparte de la protección social, con salud, con educación especial para el adulto mayor, con atención preferencial y con otras garantías que están en la normativa, pero que no son tangibles, no se materializan en la realidad”, dijo.
“Los derechos de los adultos mayores están severamente vulnerados, en primer lugar, pues porque hay suficientes programas de protección y además los que están establecidos en la Ley son insuficientes”, expresó.
Contreras destacó que es crucial que se promueva una mayor conciencia y participación de los adultos mayores en la defensa de sus derechos, así como en la formulación de políticas públicas que realmente atiendan sus necesidades y les permitan vivir con dignidad y plenitud en el estado.
Defensa de los derechos del adulto mayor
En La Guaira, la protección de los derechos del adulto mayor es un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años, gracias a la labor de varios defensores como nuestra entrevistada, quien ha puesto en evidencia las vulneraciones que enfrentan los ancianos en la región.
En Venezuela, los beneficios del adulto mayor se han visto reducidos única y exclusivamente casi que al cobro de una pensión equivalente al salario mínimo, lo que es evidente que en este contexto no es suficiente y no alcanza para una vida digna. Al beneficio de la exoneración del pasaje tampoco parece ser suficiente y que muchas veces no se cumple. Entonces, en general, los derechos existen, pero no se cumplen.
La también directora del movimiento Valor Ciudadano en La Guaira afirmó que durante las charlas, en los encuentros, las dinámicas en las que involucran a esta población, percibe que evidentemente hay un patrón de abuso o de negligencia, porque en los pocos beneficios y ventajas que tiene el adulto mayor, que es la exoneración del pasaje, hay demasiado maltrato.
Según Contreras, uno de los principales perpetradores de las vulneraciones de los derechos del adulto mayor son las instituciones públicas y el sistema de transporte. En el caso del transporte público, los adultos mayores se quejan de maltratos verbales, desprecio e irrespeto a la exoneración del pasaje. Afirma que los choferes y funcionarios no están capacitados para tratar con respeto a esta población vulnerable, lo que evidencia un patrón de abuso y negligencia.
En cuanto a las políticas públicas destinadas a promover los derechos del adulto mayor en La Guaira, Contreras destaca la existencia de programas recreativos en los consejos comunales, como los “clubes de la edad de oro” o “club de los abuelos”, que ofrecen actividades culturales y de recreación. Sin embargo, considera que estos programas son insuficientes y requieren mejoras, especialmente en áreas como la salud mental, la atención psicológica, la atención médica especializada y la formación del personal que trabaja con adultos mayores.
Posibles soluciones
Contreras también señala la falta de una ley u ordenanza específica para la protección del adulto mayor en La Guaira, lo que dificulta la implementación de políticas efectivas. Propone la creación de una normativa que garantice el acceso al trabajo digno para los abuelitos, así como la inclusión en el mercado laboral a través de la responsabilidad social empresarial.
Para fortalecer la protección del adulto mayor en La Guaira, Contreras sugiere la implementación de políticas públicas reales, funcionales y transversales, que incluyan programas educativos para capacitar tanto a los adultos mayores como al personal que trabaja con ellos.
Además, destaca la importancia de monitorear y vigilar la ejecución de estos programas de atención. La especialista en leyes manifiesta que la situación de los derechos del adulto mayor en La Guaira presenta desafíos y vacíos legales que requieren una acción inmediata por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto.
A su juicio, es fundamental promover el respeto, la dignidad y el bienestar de esta población vulnerable, garantizando el acceso a servicios de salud, atención especializada y oportunidades laborales que les permitan vivir con dignidad y plenitud en la región.