Hemos señalado en múltiples oportunidades la práctica del régimen de Maduro de caerse a embustes, con excusas y fantasías de factura “revolucionaria”, con el fin de evadir sus responsabilidades y echarle la culpa a los demás por sus fracasos. Uno pensaría que en la medida en que toman conciencia de la imperiosidad de recuperar espacios a su accionar político ante tantos fiascos, se asumiría con una retórica realista, capaz de transmitir una imagen de sinceridad en sus propósitos de enmienda, hacerlos creíbles. Pues, no. Siguen valiéndose de sus fábulas “revolucionarias” para escamotear la realidad, al país que existe de verdad, y absolverse de las fatales incompetencias que provocaron su ruina.
Un ejemplo de lo señalado lo constituye la recién aprobada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista y su respectivo decreto (N° 4952, GO, 464.350). Lo absurdo de esta ley, empezando por su título, no amerita dedicarle mayor tiempo a su análisis minucioso. Expliquemos, simplemente, el por qué ha sido aprobado semejante disparate.
Comencemos por lo que todos saben: Maduro destruyó la economía. Hoy, es apenas una cuarta parte del tamaño que tenía en 2013. Condenó a los asalariados a sufrir los peores niveles de miseria en América Latina. Alardeando de una autoproclamada “sensibilidad social”, creyó, durante años, que podía compensarlos subiendo los sueldos por decreto. Pero no tenía cómo pagárselos a los empleados públicos. Los ingresos del fisco, provenientes de la imposición a una economía que su gestión había arruinado, eran mínimos. Entonces acudió al Banco Central de Venezuela para que emitiera dinero con que cubrir tal gasto. Lanzando billetes de monopolio, desató lo que quizás haya sido la peor hiperinflación conocida por país alguno en la región. Acentuó, aún más, la destrucción de la economía y hundió a los venezolanos en los más profundos abismos de pobreza. Su rechazo se disparó a niveles nunca vistos.
La presión de incesantes protestas exigió que Maduro aumentase las remuneraciones el pasado primero de mayo. Pero no se atrevió a hacerlo como salario, pues multiplicaría las prestaciones sociales de los empleados, recursos del que el Estado carecía. Las incrementó, por tanto, como bono. La actividad económica privada, tan vapuleada por la expoliación y la ineficiencia chavo-madurista, encontró en los bonos, igualmente, una válvula de escape para mejorar la remuneración de sus trabajadores sin que aumentase sus pasivos laborales. Ante tales restricciones, el salario mínimo (sin bonos) se ha mantenido en Bs 130 al mes desde hace más de dos años, equivalente, hoy, a unos tres dólares y medio. Las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores están ancladas en estos pagos tan exiguos.
Y aquí comienzan a asomarse los disparates. El referido bono es un “Bono de Guerra”, como si fuese compensación por los daños causados por un conflicto bélico en que el país estuviese metido. Y es que, de conformidad con su mundo de fantasías, el régimen quiso meternos el strike de que la ruina económica no era obra suya, sino producto de las sanciones del imperio: su “guerra” contra la “revolución”. Por si se han olvidado las cifras, para cuando EE.UU. impone las sanciones financieras, en 2017, Maduro había logrado la “hazaña” de reducir la actividad económica en un 37% desde que asumió su gestión. Al acordarse las sanciones petroleras, al comienzo de 2019, ya su nivel era de apenas el 50%. Es decir, la fulana “guerra” fue la que libró Maduro contra los venezolanos.
En este contexto, se da cuenta de que debe evitar que continúe el deterioro de las prestaciones por seguridad social. Hace aprobar una ley que descarga sobre el sector privado el pago que su gestión no tiene cómo sufragar. Así, mientras alardea estar reactivando la economía en su campaña electoral, les encasqueta a los empresarios un impuesto de nómina adicional a su ya exagerada carga impositiva.
Pero la idea aquí no es redundar en el contrasentido de esta medida, sino exponerla como ejemplo de esa inmersión en la fantasía, aludida al comienzo, que procura culpabilizar a los enemigos de siempre para evadir la responsabilidad propia. La referida ley busca “mitigar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre las pensiones de seguridad social”, es decir, del “bloqueo imperialista”, como reza su título. El culpable de utilería.
En aras de sostener esta charada discursiva, el decreto 4952 que fija la tasa con que habrá de pecharse al sector privado, se inicia señalando “el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo (…) basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso de la Patria y del colectivo, por mandato del pueblo…” ¡¡Cuánto cinismo!! ¿En qué mundo viven? ¿Cómo no se dan cuenta que el tiempo para esos encantamientos pasó hace rato, que ya la gente no se come sus cuentos? ¿Acaso creen que continuar cayéndose a embustes les restituye su “legitimidad revolucionaria” perdida?
Y, al reconocer en uno de los considerandos de la ley que, “…es política del Estado propiciar condiciones económicas favorables para la vida de los ciudadanos, fortaleciendo el bienestar social a través del otorgamiento de beneficios socioeconómicos…”, ¡es para obligar a los empresarios que los paguen!
En fin, estamos siendo testigos de un extravío cada vez más visible, una pérdida de contacto de los jerarcas chavo-maduristas con la realidad, reflejo de su desesperación. Ocurre, sobre todo, en el ámbito político propiamente dicho. Así vemos el airado rechazo del presidente del CNE, Elvis Amoroso, del alivio de sanciones en su contra decidido por la Unión Europea, como gesto a favor de que se cumplan las condiciones para unas elecciones creíbles. Y el furibundo oficial, Jorge Rodríguez, señala que es “materialmente imposible” permitir que la mencionada Unión envíe una misión de observadores a los venideros comicios, ya que renovó sanciones contra jerarcas del régimen por no cumplir los acuerdos de Barbados. Lo insólito es que se hacen aparecer ofendidos, como si hubiese una “dignidad” ultrajada de quienes han defendido durante un cuarto de siglo a un régimen que acabó con Venezuela.
Atascados en su imaginario fascista de siempre, no aceptan que se les ha movido el piso, que ya no están en condiciones de imponer sus arbitrariedades y que hay un país que está harto de ellos. O, más bien sí lo reconocen, pero para atrincherarse en sus posturas bélicas de antaño. Está en su naturaleza: el alacrán que emponzoña a mitad del río a la rana que lo transportaba a la otra orilla.
Sirva este repaso como recordatorio de con quiénes estamos obligados a entendernos para asegurar la transición pacífica hacia un régimen de libertades y prosperidad crecientes. Hay que reconocer el manejo firme, a la vez que realista e inteligente, del liderazgo democrático en esta contienda, en particular, de María Corina Machado, pero también de todos aquellos que han aportado a su campaña. Por su parte, la imagen del candidato, Edmundo González Urrutia, no podía ser mejor para transmitir la idea de que Venezuela está empeñada, por las buenas, a encontrarle salidas a la terrible tragedia en que la sumió el chavo-madurismo. Lamentablemente, estas intenciones no bastan. El régimen ha respondido deteniendo arbitrariamente a figuras opositoras, acosando a quienes prestan servicios a la campaña democrática y preparando el terreno –los amagos por el territorio Esequibo, por ejemplo—para una posible suspensión de los comicios y/o para cometer un fraude masivo.
La tentación del Madurismo de amarrarse a una dinámica más propia de una guerra, amparado en el escapismo de sus fantasías, obliga a la oposición a reforzar aún más el esfuerzo de acotar el “deber ser” de las elecciones del 28-7. Es menester insistir en la presencia de la misión observadora de la Unión Europea, y en la atención de los países de la región, entre éstos, los que podrían considerarse, todavía, aliados del chavismo. Las posibilidades de un zarpazo no están conjuradas. Pero hay que hacer lo necesario para que su costo político para Maduro sea insostenible y sus resultados inútiles.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com