Manuel Guacarán, vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del estado Vargas, conversó con nuestro equipo de corresponsalía y levantó su voz contra lo que considera un atropello a los derechos y la dignidad de los pensionados y jubilados de la entidad.
Corresponsalía lapatilla.com
Corpoelec implementó el polémico plan denominado “Borrón y Cuenta Nueva”, lo que ha generado una ola de críticas y denuncias por parte de la comunidad.
Desde hace muchísimos años, Corpoelec ha sido repetidamente señalada por los continuos problemas de fluctuaciones eléctricas que han dañado numerosos electrodomésticos en los hogares venezolanos.
En lugar de responder por estos perjuicios, la empresa lanzó el plan “Borrón y Cuenta Nueva”, que lejos de solucionar las fallas de electricidad, impuso nuevas tarifas que no son compensadas con un mejor servicio.
Una medida inaccesible e injusta
Guacarán explica que muchos jubilados y pensionados, que reciben una pensión de apenas 130 bolívares (equivalente a 3.4 dólares), se han visto imposibilitados de registrarse en el mencionado programa, debido a las inmensas colas y la mala atención en las oficinas de Corpoelec. Esta situación ha resultado en la imposición de multas de hasta 1.000 bolívares (28 dólares) para quienes no lograron cumplir con los requisitos.
“Esto significa que el gobierno, que se autocalifica de obrero, pretende meternos las manos en los bolsillos y quitarnos el equivalente a ocho meses de pensión por no haber llenado unos requisitos que para los efectos de la operatividad del servicio eléctrico da lo mismo”, afirmó Guacarán.
Según su denuncia, la empresa solicita datos que ya posee y que inicialmente se debían proporcionar mediante un sistema electrónico defectuoso. Posteriormente, exigieron que personas de la tercera edad, muchas con discapacidades, esperaran largas horas de pie para ser atendidas.
Un llamado a la empatía y la justicia
Guacarán hace un llamado urgente a los responsables de Corpoelec, “no para que se pongan una mano en el corazón, sino para que muestren comprensión y empatía hacia quienes están siendo afectados por estas medidas desproporcionadas”.
“Nos están borrando nuestros precarios ingresos con ese ‘borrón y cuenta nueva’ sin borrar las deficiencias del servicio”, sentenció Guacarán.
La indignación se agrava al saber que Corpoelec no permite pagar la multa en cuotas, una opción que podría aliviar la carga sobre los pensionados. “Ya está bueno de atropellos al pueblo. Nos pagan una pensión de 130 bolívares y pretenden quitarnos 1.000”, reclamó el vicepresidente de la asociación.
En Vargas, más de 4.000 pensionados se encuentran en una situación económica precaria. Este problema no se limita solo a los pensionados. Muchas otras personas con ingresos insuficientes tampoco pueden pagar las multas impuestas por Corpoelec, una empresa que no ha asumido responsabilidad por los daños causados por su ineficiencia.
La comunidad de jubilados y pensionados del estado Vargas exige al chavismo una rectificación inmediata de esta medida. Los afectados piden un trato justo y humano, y que se tomen en cuenta sus condiciones y limitaciones.
La esperanza es que las autoridades escuchen este clamor y pongan fin a estas acciones que solo incrementan la ya grave situación económica de miles venezolanos, especialmente aquellos de tercera edad.