El Gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC Segunda Marquetalia pactaron, durante el primer ciclo de negociaciones de paz que se desarrolló en Caracas desde el pasado día 24 hasta este sábado, el ‘Acuerdo de medidas tempranas para el desescalamiento integral y gradual del conflicto en los territorios’ donde la organización tiene presencia.
Para ello, establecieron la conformación de “una subcomisión técnica” que se encargará de establecer “la georreferenciación en los municipios, corregimientos y veredas” donde la Segunda Marquetalia “tenga presencia”.
El Gobierno colombiano deberá adoptar las medidas necesarias para permitir la participación activa en la subcomisión de la delegación de la Segunda Marquetalia -disidencia de las FARC integrada por exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz de 2016-, según recoge el documento firmado por las partes y difundido al término del primer ciclo de diálogo.
El acuerdo será presentado en una reunión que debe celebrarse, “a más tardar, el 20 de julio” de este año, en la que, además, se definirá la metodología y el cronograma para la identificación de proyectos sociales y económicos “de impacto rápido”.
Para dicho encuentro, las partes solicitan el acompañamiento de Venezuela, Cuba y Noruega, como países garantes, así como de la Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal Colombiana.
Por su parte, la Segunda Marquetalia se comprometió a no mantenerse uniformada, ni armada en “cabeceras municipales y cascos urbanos ni en vías terrestres y fluviales primarias y secundarias”, así como a entregar a las personas que tiene “retenidas” y a mantener “el respeto y garantías de la población civil”.
El cese unilateral de fuego de la Segunda Marquetalia “no implica limitar las competencias constitucionales y legales de la Fuerza Pública”, reseña el acuerdo suscrito en Caracas.
La implementación del desescalamiento iniciará cuando entre en vigencia un decreto presidencial que suspenderá las operaciones militares ofensivas, y la fuerza pública “proveerá las condiciones de seguridad”.
En el marco de las medidas económicas para el desescalamiento del conflicto y la transformación para la paz, el Gobierno priorizará los programas de reforma agraria integral y la restitución de tierras.
Mientras, la Segunda Marquetalia debe “respetar irrestrictamente la vida e integridad de los funcionarios estatales y de los beneficiarios de dichos programas en los territorios en los que mantiene presencia”.
Además, las partes “elaborarán un conjunto de medidas de contribución temprana a la reparación de las víctimas del conflicto en las zonas donde se desarrollen actividades de transformación territorial para la paz”.
Estas negociaciones se anunciaron a principios de febrero, cuando las partes informaron del inicio de un proceso de paz, el tercero que emprende el Ejecutivo de Gustavo Petro, después de los instalados con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.
Se espera que el segundo ciclo de negociación se celebre en Cuba la segunda semana de agosto, tal y como el Ejecutivo colombiano y el grupo guerrillero solicitaron al Gobierno del país insular.
EFE