Ron DeSantis, gobernador de Florida, rechazó una medida legislativa destinada a facultar al departamento de salud del estado para cerrar potencialmente las playas con problemas de calidad del agua.
Por Mundo Deportivo
El proyecto de ley en cuestión, HB 165, habría obligado al Departamento de Salud de Florida a emitir avisos o incluso cerrar el acceso a las aguas del estado, incluidas sus famosas playas, lagos y ríos, en los casos en que los niveles de contaminación no cumplieran con los estándares de seguridad establecidos. Esta medida, que obtuvo la aprobación legislativa unánime en marzo, informó NBC Miami.
Ron DeSantis generó un fuerte debate
La decisión de Ron DeSantis ha generado una serie de reacciones tanto a favor como en contra. Por un lado, los defensores del medio ambiente y algunos funcionarios de salud pública consideran que la ley es crucial para proteger la salud de los residentes y turistas que frecuentan las playas de Florida. Argumentan que, sin una supervisión adecuada y medidas de cierre cuando sea necesario, la contaminación del agua podría llevar a problemas de salud significativos.
Por otro lado, los críticos de la medida, incluyendo algunos líderes locales y empresarios del sector turístico, argumentan que el cierre de playas podría tener un impacto económico negativo en las comunidades costeras que dependen del turismo. Además, sostienen que el poder de decisión sobre el cierre de playas debe permanecer en manos de las autoridades locales, que están más familiarizadas con las condiciones específicas de sus áreas.
El rechazo de este proyecto de ley por parte de Ron DeSantis refleja una tensión constante entre la protección de la salud pública y la promoción del desarrollo económico en Florida. Mientras tanto, las comunidades costeras y los visitantes de las playas de Florida continúan atentos a las decisiones y políticas que afectan la calidad de sus aguas y la seguridad de sus playas.
¿Qué proponía la ley HB 165?
El proyecto de ley vetado, conocido como HB 165, proponía medidas estrictas para garantizar la calidad del agua en Florida. Establecía que el Departamento de Salud de Florida tendría la autoridad de cerrar cuerpos de agua si se consideraba necesario “para proteger la salud, la seguridad y el bienestar del público”. Esta disposición buscaba asegurar que las aguas del estado cumplieran con los estándares de seguridad necesarios para evitar cualquier riesgo de contaminación.
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