La creación de escenarios políticos para obtener ventaja o poner de relieve condiciones negativas del adversario o cambiar o afirmar una agenda es asignación de texto en estrategia política, pero debe estar enmarcada en el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y respeto de la ley en el marco del “estado de derecho”. Cuando estas acciones se desarrollan violando la ley son delitos, y cuando éstos se perpetran desde el gobierno con el propósito de producir miedo en la población para generar conductas que de otra forma no serían posibles, es “terrorismo de Estado”.
Las dictaduras del socialismo del siglo 21 detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua usan el terrorismo de estado como mecanismo principal de gobierno y es uno de los principales aportes del castrismo del siglo pasado a la expansión de la dictadura de Cuba en nuestro tiempo. Uno de los casos más notables de montaje con terrorismo de Estado para mistificar crímenes de la dictadura de Cuba fue sin duda la llamada “causa número 1? de 1989 con la que el dictador Fidel Castro pretendió tapar su construcción de Cuba como el primer narcoestado de las Américas y procesó, torturó y fusiló al General Arnaldo Ochoa, al Coronel Antonio de la Guardia, al Mayor Amado Padrón y al Capital Jorge Martínez a los que había ordenado implementen la relación con los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria de Colombia y Roberto Suarez Gómez de Bolivia.
Hay más farsas convertidas en “verdades de la revolución cubana” para sostener la narrativa del régimen criminal de los Castro que desarrollaron en la segunda parte del siglo pasado, pero lo que ahora muestra la realidad objetiva es que esa matriz delictiva ha sido reproducida y repetida por el socialismo del siglo 21, que bajo mando de Cuba ha expandido su sistema y metodologías en Venezuela, Bolivia y Nicaragua para someter a los pueblos y detentar indefinidamente el poder con impunidad. Las víctimas del “21-J” del 11 de Julio 2021 que pidieron pan y libertad, condenadas por crímenes contra la revolución son testimonio.
En Venezuela destacan -entre otras muchas- la denominada “muerte lenta del General Raúl Isaías Baduel” presentada por la dictadura como una víctima del Covid-19 que fue muerto siendo preso político del régimen, siendo antes “reconocido, homenajeado y recompensado como el hombre fuerte que rescató a Hugo Chávez”. El asesinato de Oscar Pérez cercado por más de 500 elementos de la dictadura de Venezuela en El Junquillo fue ejecución extrajudicial a mansalva presentado como “un enfrentamiento” cuando las víctimas -de acuerdo a videos públicos- se habían rendido y manifestaron su deseo de entregarse.
La dictadura de Nicaragua ha expulsado a las monjas de la orden de la “Madre Teresa” con la acusación de ser “opositoras y golpistas” y “más de 200 organizaciones han sido clausuradas por presunto incumplimiento de las nuevas leyes de financiación”. Se han apropiado de “un colegio de la Congregación de las Hijas de Santa Luisa de Marillac” y “acusado a la Iglesia Católica de lavar dinero”. Han encarcelado a todos los candidatos presidenciales de la oposición real y luego de torturarlos por más de un año los han expulsado y privado de su ciudadanía. Todo con presentación del régimen como víctima.
En Bolivia la farsa dictatorial no es nueva, la aplicaron para imponer la dictadura con su constitución plurinacional y suplantar la República de Bolivia, acusando a defensores de la democracia de Santa Cruz de secesionistas para asesinarlos, someterlos a prisión y exiliarlos, como lo certifica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la “masacre del Hotel las Américas”, del que derivó el “Caso Terrorismo” donde las víctimas fueron recluidas y los terroristas eran los operadores cubanos y venezolanos bajo la cobertura de Evo Morales. La masacre de “El Porvenir” en Pando con el encarcelamiento del Gobernador Leopoldo Fernández que fue preso político por más de 12 años se presentó como “rebelión”, lo mismo que el actual apresamiento y condena de la expresidenta Janine Añez por “golpe de Estado” cuando ella es la víctima o el Gobernador de Santa Cruz Camacho.
En este contexto como lo denuncia el pueblo boliviano y confiesa Evo Morales, jefe de Luis Arce, es definitivo que el golpe no fue golpe sino una nueva escenificación castrochavista para darle vida a una dictadura en crisis. El asunto de fondo es que alguna prensa internacional sigue dándole cobertura como si fuera hecho real y los gobiernos democráticos callan en lugar de denunciar el “terrorismo de Estado” que ahora avanza en la etapa de perseguir, apresar y torturar a más bolivianos para subir el número de los más de 300 presos políticos.
*Abogado y Politólogo0. Director del Interamerican Institute for Democracy