La Defensoría del Pueblo de Perú ha manifestado su preocupación por la reciente normativa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que exige visa y pasaporte a los ciudadanos venezolanos. Esta medida, vigente desde el 2 de julio, podría afectar a personas en condiciones de vulnerabilidad que carecen de estos documentos. La preocupación se dirige al superintendente nacional de Migraciones, Armando García Chunga, y enfatiza la necesidad de excepciones humanitarias.
Por Infobae
En un documento enviado a García Chunga, la Defensoría del Pueblo subraya la importancia de permitir el ingreso de niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan reunirse con familiares residentes en el Perú o en otros países. Estas personas, encontrándose varadas en zonas de frontera, requieren cruzar el territorio peruano.
Pide no ignorar compromisos internacionales
El documento menciona que la regulación del ingreso de ciudadanos extranjeros es un ejercicio de soberanía. No obstante, recalca la importancia de no ignorar los compromisos internacionales de Perú en cuanto al derecho de refugio y los principios de la Política Nacional Migratoria 2017-2025, la Ley General de Migraciones y el Decreto Legislativo 1350, que destacan la reunificación familiar y el interés superior del niño.
En ese sentido, Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos, declaró en el documento que “preocupa que la Resolución 000121-2024-MIGRACIONES no contemple la posibilidad de ingreso al Perú, con cédula de identidad y sin pasaporte, a personas venezolanas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad como es el caso de niñas, niños y adolescentes que tienen a sus padres en Perú en situación regular, o el caso de personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas que buscan su reunificación familiar”.
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