Las audiencias telemáticas, una solución implementada por la justicia venezolana ante la pandemia de covid-19, no han representado mayores avances para resolver el retardo procesal en casos de presos políticos. Tres expertos advierten que el uso de esta herramienta puede derivar en coacción directa de los detenidos por los propios funcionarios que los someten a torturas o tratos crueles dentro de las cárceles.
Por Tal Cual
Presos políticos como Josnar Adolfo Baduel o el general Héctor Hernández da Costa, ambos recluidos en el anexo de máxima seguridad de El Rodeo I, han participado en audiencias telemáticas pese a la cercanía con los tribunales. Otros detenidos en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, también han participado bajo esta modalidad.
“Se ha visto un evidente abuso de esa posibilidad en múltiples casos e incluso en situaciones en la que los presos están en la misma circunscripción judicial por las gravísimas deficiencias que hay en los traslados desde los centros de reclusión a los tribunales”, señala Gonzalo Himiob, vicepresidente director del Foro Penal Venezolano.
La misma situación se aplica a los expertos y testigos que no están en la misma circunscripción del tribunal. “Cuando se está recabando la declaración de una persona que está presa directamente desde el penal donde se encuentra a través de una vía telemática para un tribunal, son muchos los casos en lo que los defensores no están al lado de esa persona para de alguna manera orientar, como lo dice la ley, su testimonio y ejercer cabalmente su derecho a la defensa”.
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