Un intercambio de disparos ocurrió en la madrugada del 19 de noviembre de 2023 en Puerto Cabello, con saldo de una muerte. Agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) rastreaban esa noche una banda que se dedicaba al secuestro y la extorsión. Por ello, habían instalado una alcabala en una calle del barrio El Faro de esa ciudad portuaria del estado Carabobo.
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Según la versión oficial que después se ofreció sobre el hecho, un par de sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta pasaron de largo el punto de control, desatendiendo la voz de alto.
Los policías empezaron a perseguir a los dos hombres. En un punto de su huida, los sospechosos alcanzaron un galpón próximo al mar, a menos de un kilómetro de la refinería El Palito de Pdvsa, donde se ocultaron. Cuando los policías dieron con los sospechosos, fueron recibidos en ese lugar con disparos de fusil de un empleado del negocio, quien a la postre sería identificado como un supuesto agente de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El tiroteo consiguiente fue confuso y la versión oficial no contribuyó a aclararlo. Pero lo cierto es que en el sitio cayó muerto Ángelo Rafael Carrillo, de 35 años de edad, quien era solicitado por cargos de homicidio en el estado Guárico. Su compañero, Luis Manuel Toro, resultó herido. Ambos trabajaban como guardianes de la chatarrera que funciona en el galpón.
Pero el suceso tuvo otras consecuencias, en cierta forma inesperadas en el contexto venezolano: Johnny Daniel Pérez, inspector jefe de Operaciones Especiales de la Base contra Secuestro y Extorsión de la PNB en Puerto Cabello, quien comandaba la operación de aquella madrugada, terminó detenido. A sus cinco compañeros en la acción, los agentes Humberto Sebastián Domínguez Pacheco, Julio César Chirinos López, Víctor Deily, Roxana Mendible Díaz, Berlín José Piña Jiménez y Osmayle Delgado, la Fiscalía Octava del estado Carabobo les abrió una investigación penal.
En Venezuela, el desacato a la voz de alto en alcabalas se ha constituido por sí mismo en una causa de muerte. Muy a menudo, los incidentes fatales donde la policía ultima a quienes no se detienen en los puntos de control carecen de consecuencias judiciales y, si se llegan a investigar, se mantienen indefinidamente “en averiguaciones”. El inusual giro del caso de la chatarrera en Puerto Cabello tuvo que ver, por lo que las evidencias sugieren, con el lugar donde ocurrió la refriega. Y sus conexiones.
En ese galpón del barrio El Faro de Puerto Cabello operaba, como sigue operando, la Fundición y Procesadora Atlántica C.A. Se trata de una de las pocas empresas en Venezuela que tiene licencia para exportar chatarra. En un decreto de febrero de 2021, el gobierno de Nicolás Maduro otorgó la calificación de “estratégico” al comercio de la chatarra, entendida esta no solo como los desechos de piezas metálicas de hierro o aluminio, sino también de fibra óptica, tarjetas electrónicas y cartón. La comercialización de este rubro se había erigido para el momento como una alternativa para generar ingresos en divisas que alimentaran las alicaídas arcas públicas, diezmadas por la debacle de la industria petrolera. Así que, con el decreto, el Estado venezolano se reservó ese comercio y la potestad de autorizar a empresas privadas para procesar la chatarra.
Fundición y Procesadora Atlántica C.A. forma parte, con otras ocho empresas, de un grupo vinculado al sector de la construcción y de la fundición de material reciclable en Puerto Cabello. De todo el entramado, es la única compañía con registros de exportación de metal de desecho.
El factor diferencial, y probable ventaja competitiva, para las ocho empresas, incluyendo a Fundición y Procesadora Atlántica C.A., en cuyo galpón ocurrió el enfrentamiento armado entre agentes de la Dgcim y de la PNB, es que tienen en común dos nombres que se repiten en su composición accionaria: los de las hermanas María de Los Ángeles y Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira. Ambas, junto a su madre, Yurima Ferreira de Escalante, son las propietarias del bodegón Beer & Food Truck, también en Puerto Cabello, reseñado el pasado domingo en un reportaje de Armando.info. Y Yhuryseck Escalante es la esposa del recién ascendido coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Alexander Granko Arteaga, quien se desempeña como jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
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