“En Mérida desde el mismo 28 del mes de julio ha sido similar al resto del país: un gran número de personas han sido detenidas en la entidad por motivos políticos, entre ellos un grupo significativo de adolescentes, al menos, 10 jovencitos. A la fecha han sido liberadas solamente 7 personas, entre jóvenes adultos y adolescentes”, informó el coordinador del Foro Penal en Mérida, Fernando Cermeño Meza..
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Precisó que la ONG tiene un registro detallado de 34 personas detenidas arbitrariamente con fines políticos, pero “sabemos que son muchos más”.
Relató el representante del Foro Penal en Mérida que “las audiencias se han celebrado en la sede de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicada en el sector La Mata de la ciudad de Mérida”.
Asimismo, informó que los tribunales de Mérida han declinado competencia y las ha asumido un tribunal de control con competencia en terrorismo, ubicado en Caracas.
“Varias audiencias se han celebrado de manera telemática con este tribunal. Se le ha imputado a la mayoría de ellos delitos de terrorismo, de incitación al odio y de asociación para delinquir. La inmensa mayoría de ellos han sido privados de su libertad”.
Afirmó que los detenidos fueron recluidos durante los primeros días después del 28 de julio en ese mismo cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana, en la zona sur del municipio capital Libertador en Mérida.
Sin embargo, aseveró que esta semana han sido trasladados un grupo de estos jóvenes, adolescentes y mayores de edad para el Centro Penitenciario Región Andina (Cepra), ubicado en el municipio Sucre, en Lagunillas, y los adolescentes han sido trasladados al centro de reclusión Idena que existe en Mérida.
Cermeño expresó la preocupación por la situación que están viviendo todos estos jóvenes. “La mayoría de los detenidos son menores de 26 años de edad. Especialmente estamos preocupados por la situación de los adolescentes, toda vez que su situación de vulnerabilidad es evidente”.
En estas audiencias de imputación en situación de flagrancia que ha celebrado el tribunal con competencia en materia de terrorismo, no se le ha permitido a ninguno de los detenidos designar su abogado de confianza y se les ha impuesto un defensor público.
“Los abogados no hemos tenido acceso a verificar las condiciones de los derechos humanos de los detenidos, pero tampoco los familiares habían tenido acceso a los jóvenes que están detenidos, sino solamente el pasado sábado que fue la primera vez que tuvieron acceso la familia de los jóvenes adultos a ver a sus hijas e hijos. Los adolescentes tuvieron una oportunidad de ver a sus padres durante el acto de imputación. No obstante, también la semana pasada pudieron verlos, con mucha vigilancia y restricciones, en el Idena”.
En la semana del 29 de julio en adelante, los familiares pudieron ver a sus hijos y a sus hijas detenidos, cuando en la Guardia Nacional Bolivariana grabaron un video para mostrar a los jóvenes que no habían sufrido ninguna violación de derechos humanos, pero eso no pudo ser confirmado.