Este 12 de agosto hubo dos pronunciamientos a escala internacional, los cuales resultan de suma importancia en cuanto a la situación de derechos humanos en Venezuela. La Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron saber que tienen los ojos puestos sobre Venezuela.
El Fiscal de la CPI, Karim Khan, informó que está “monitoreando activamente” los acontecimientos en Venezuela tras el resultado de las disputadas elecciones presidenciales del país.
En ese sentido, informó que a través de su oficina han recibido “múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias” que fueron registradas tras las elecciones presidenciales, celebradas el 28 de julio en Venezuela.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos exigió “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país desde la celebración de la elección presidencial del 28 de julio, e investigar a fondo la avalancha de graves violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo”.
Además señalaron que las protestas ocurridas en todo el país, cuya evidencia fue expuesta a través de las distintas redes sociales, “abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado, dirigida por sus más altas autoridades, creando un clima de temor generalizado. La Misión lleva un registro de 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas. En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años”.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La Misión también analizó los datos publicados por distintas organizaciones y defensores de derechos humanos, y concluyó que al menos 1260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en la capital del país; sin embargo, expresan que los datos anunciados por el Estado elevan la cifra de detenidos a 2200 personas, “calificadas de manera indiscriminada como terroristas”, expresó la Misión, a la vez que manifestaron que han encontrado elementos comunes en las detenciones que las convierten en detenciones arbitrarias y que violan el debido proceso.
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión. “Las autoridades tienen que respetar de manera irrestricta las normas internacionales sobre el debido proceso y sobre las condiciones de detención, usando los canales formales para comunicarse con los familiares”, añadió.
La Misión aseguró que continuará su proceso de documentación, análisis, verificación e investigación de las violaciones a los derechos en Venezuela, y exige que la represión desatada desde el 28 de julio se detenga de inmediato.
En cuanto a la situación de los detenidos que son miembros de la sociedad civil, trabajadores de la prensa, defensores de DDHH y dirigentes políticos, es importante destacar que todos sus derechos humanos son violados de manera flagrante. No tienen derecho a la defensa privada, fueron trasladados a recintos penitenciarios con más del 100% de hacinamiento, todos estos flagelos que son denunciados con frecuencia y que durante tantos años no han sido resueltos, sino que por el contrario se duplican a mayor escala.
Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) nos mantenemos monitoreando, documentando y enviando información al sistema interamericano y universal de los derechos humanos sobre la situación con las personas detenidas en Venezuela, quienes aumentaron en gran medida la cifra de presos políticos en nuestro país.
Nota de prensa