La Policía regional de Cataluña (Mossos d’Esquadra) no requirió apoyo a la Policía estatal y la Guardia Civil para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont, por lo que no desplegaron “operativos paralelos”, según informó el Ministerio del Interior al juez del Tribunal Supremo que lleva el caso sobre el político independentista catalán.
Puigdemont, que huyó de España en 2017 tras liderar el fallido intento secesionista, regresó fugazmente a Barcelona la pasada semana, coincidiendo con la investidura del nuevo presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, y volvió a huir para esquivar a la Justicia española, que le acusa de malversación de fondos públicos.
El Ministerio del Interior, en su informe remitido al juez Pablo Llarena alude a la “competencia y capacidades operativas” de los Mossos como “policía integral en Cataluña”, que informó al Ministerio de su “dispositivo específico” para arrestar a Puigdemont el pasado día 8, y no requirió apoyos especiales.
Cuando Interior supo que Puigdemont había vuelto a huir, dio instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil para que “se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos” para localizarle y detenerle, explica.
Pero en los dispositivos de control “no se detectó en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont”.
El Ministerio recuerda que el Tratado de la Unión Europea garantiza la ausencia de controles de personas en las fronteras interiores y solo se pueden establecer controles temporales por la existencia de una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
El Tribunal Supremo considera que el delito de malversación, del que está acusado el expresidente catalán no está amparado por la ley de amnistía recientemente aprobada en España a instancias del Gobierno de coalición progresista que preside el socialista Pedro Sánchez y que ha beneficiado a otros dirigentes independentistas catalanes implicados en el proceso independentista.
Tras esta segunda huida, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena solicitó sendos informes a la policía catalana y al Ministerio del Interior español sobre el operativo policial planificado para arrestar en Barcelona a Puigdemont y “sobre los elementos que determinaron su fracaso”.
Llarena, que ratificó la vigencia de la orden de detención, quiere saber cuál fue el operativo policial aprobado y desplegado, quiénes eran los agentes responsables de su diseño, aprobación y ejecución y cuáles fueron las razones de su “fracaso”, “desde un aspecto técnico policial”. EFE