El pasado sábado, el Cámara Municipal de Torres de mayoría oficialista, realizó una sesión en la que acordaron el nombramiento de Lásmit Verde como alcaldesa encargada de este municipio, tras la ausencia temporal del alcalde opositor, Javier Oropeza.

Lapatilla.com

Luego de las elecciones del pasado 28 de julio, Oropeza, así como buena parte de su gabinete de gobierno, han sido objeto de persecución, amedrentamiento en instigación, sin contar con que sus propiedades y bienes, tales como la sede de Diario El Caroreño, vivienda y su finca familiar, han sido incautadas y ocupadas por funcionarios de cuerpos de seguridad desde el pasado 7 de agosto.

Esas acciones han llevado a Oropeza y a parte de su equipo de gobierno a permanecer en resguardo, ya que sobre ellos reposa la amenaza de alguna detención, aunque de manera extraoficial se pudo conocer que no existe una orden de captura como tal.

En medio de este panorama, el burgomaestre de Torres, a través de un decreto, efectuó el nombramiento la licenciada Iraida Timaure como alcaldesa encargada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y dicho nombramiento se iba a comenzar a regir a partir del 12 de agosto del presente año.

Una vez realizado el nombramiento, la alcaldesa encargada se dirigió junto al gabinete de gobierno a la oficina de publicaciones ubicada en el Concejo Municipal, pero esta se encontraba cerrada y los ediles se negaron recibir el nombramiento y otro documento, donde hacían un llamado a la paz para la debida publicación en Gaceta Oficial y darle de esa manera formalidad al trámite.

Tras la negativa por parte de los ediles de la bancada oficialista, en una sesión extraordinaria realizaron el nombramiento de Verde, quien era la presidente de la Cámara Municipal de Torres.

Es necesario mencionar que el alcalde Oropeza entra a resguardo, luego de que el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez y el fiscal Tarek William Saab, lo señalaran de tener responsabilidad en los daños ocasionados a la sede del Psuv en Carora, situación ocurrida el pasado 30 de julio.

Un golpe de estado escalonado

Para los factores de la unidad democrática, esto no es más que un “Golpe de Estado”, donde se está desconociendo el artículo 168 de la Constitución al impedir que fuese publicado el decreto con el nombramiento de la alcaldesa encargada, desconociendo así las potestades de Oropeza como primer mandatario de este municipio.

Carlos Arturo Álvarez, junto a representantes de la Plataforma Unitaria Democrática de Torres, manifestaron su rechazo a este nombramiento realizado fuera de la legislación, situación que también se ha replicado en otros municipios del país.

Álvarez condenó la persecución de la que ya sido objeto Oropeza y su familia, agregando también que las hijas del mandatario, que son menores de edad, también han vivido de cerca esa persecución.

Ante eso, exigen sea restituida la institucionalidad y el orden público en el municipio Torres.

“Terrorismo de Estado”

Para Jesús Guillermo Gómez, director general de gobierno de la Alcaldía de Torres y quien también está siendo perseguido en la actualidad, lo que existe en este momento en el municipio Torres es una maquinación perversa y criminal que se suma a la figura de “terrorismo de Estado”, expresada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para desplazar al alcalde legítimo de todos los torrenses, que es Javier Oropeza.

“Que quede claro que la ausencia del alcalde Javier Oropeza es obligada, ya que desde el Estado y fomentado por el gobernador de Lara Adolfo Pereira, se acciona una persecución implacable. Al actuar así, le han impedido al alcalde Oropeza su derecho a la defensa, que es una garantía ciudadana fundamental”, puntualizó el también dirigente de Voluntad Popular.

Menciono entre otras cosas que esto se trata de una conspiración intentada y fracasada varias veces, para cuyo fin, le descabezaron su entorno de colaboradores principales, con el agregado siniestro de robarle todos sus bienes, su vivienda, sus empresas, sus fincas y lo más desagradable, atentar y atemorizar a su familia.

“Esto es terrorismo de Estado, un delito que no prescribe ni aquí ni en la China; así que señor gobernador, concejales, prefecto y aquellos funcionarios que se han prestado para estas acciones violatorias de derechos fundamentales, tarde o temprano les llegará la justicia y ustedes responderán; por lo pronto ya se ganaron el desprecio del pueblo”, puntualizó Gómez.

Militarizan el Palacio Municipal

Desde tempranas horas de este lunes 19 de agosto, decenas de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, con equipos antimotín, tomaron las áreas externas de la sede de la Alcaldía del municipio Torres, así como también cerraron el paso vehicular hacia este recinto.

Esa acción despertó la incertidumbre entre el personal de la alcaldía, quienes a pesar de eso se presentaron a sus labores este lunes.

De igual manera, en varios puntos de la ciudad fueron fijadas alcabalas con funcionarios de este mismo organismo de seguridad.

Hasta el momento no se conocen las acciones que podría tomar la alcaldesa encargada nombrada por el Psuv, así como tampoco se conoce las condiciones actuales para los trabajadores de la institución.

Por el momento, las propiedades del alcalde Oropeza se mantienen confiscadas y tomadas, y no se ha esclarecido el estatus judicial del mismo por lo que continúan en resguardo.

Según la LOPPM, la Cámara Municipal de Torres tendría que esperar un lapso de 90 días para declarar falta absoluta del mandatario local.