Un mes después de que el presidente Nicolás Maduro robara descaradamente las elecciones, las consecuencias aún resuenan en Venezuela y en la región. Los puestos fronterizos con Brasil están abarrotados de gente desesperada por salir. En el interior del país, miles de personas que protestaron han sido perseguidas por un régimen que ahora persigue abiertamente a sus críticos, a pesar de que las principales democracias de la región han rechazado el resultado o han pedido una auditoría imparcial.
Por The Economist
Eso nunca ocurrirá. Todo el mundo sabe que el claro vencedor de las elecciones fue Edmundo González, antiguo diplomático y sustituto de la popular líder de la oposición María Corina Machado, a quien se prohibió presentarse. La prueba indeleble de su victoria son los recibos en papel de más de 25.000 máquinas de votación, cuatro quintas partes del total, que la oposición obtuvo y publicó en Internet. De ellos se desprende que González obtuvo el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. El régimen trató de hacer que su victoria pareciera legítima pidiendo al Tribunal Supremo, que controla, que la validara. La televisión estatal emitió a funcionarios enmascarados abriendo cajas electorales y examinando supuestos recibos de voto. El 22 de agosto, la pantomima concluyó con la validación por el Tribunal del resultado oficial original, que otorgaba una cómoda victoria a Maduro, quien con toda probabilidad iniciará su tercer mandato de seis años el 10 de enero. Si lo hace, gobernará como un dictador. Las brutales tácticas empleadas en el último mes son un amargo anticipo. Más de 2.400 personas fueron detenidas en los 16 días posteriores a la votación, según el gobierno. Unas 24 murieron en las manifestaciones, la mayoría por disparos, informó Provea, un grupo de defensa de los derechos. En lugar de lamentarlo, el régimen ha tachado de «terroristas» y «fascistas» a sus opositores y a los periodistas y trabajadores electorales que está encerrando. El propio González podría ser encarcelado. El fiscal general le investiga, entre otras cosas, por «usurpación». El ex diplomático sigue escondido.
La presión diplomática regional para que el régimen se comprometa con la oposición no avanza mucho. Los diplomáticos tienen que convencer no sólo a Maduro, sino también a sus confidentes más cercanos, a los que se dio aún más poder en una remodelación el 27 de agosto. Están profundamente implicados en los crímenes del régimen, pero algunos tienen incluso menos probabilidades de acabar amnistiados que Maduro, lo que hace que el compromiso sea menos atractivo.
Aparte de su esposa y su hijo, el círculo íntimo de Maduro está formado por cuatro personas. Todas ellas están sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa al mando del ejército, podría en teoría obligar al presidente a dimitir. Pero es un leal incondicional, en parte porque se sabe que se beneficia de una red de empresas y propiedades dentro y fuera de Venezuela. Ha sido acusado por fiscales estadounidenses de narcotráfico. El gobierno venezolano niega todos los cargos contra él y otros altos cargos.
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