Las autoridades de la privada Universidad Arturo Michelena de Valencia se infiltraron en grupos de WhatsApp de sus estudiantes. Allí detectaron a aquellos que se pronunciaban contra el fraude electoral del 28J y criticaban el respaldo abierto del rector al oficialismo. A los ‘descubiertos’ les ofrecieron la ‘oportunidad’ de escoger sus propios castigos: o arrepentimiento y suspensión hasta por dos semestres en el campus o, ya a merced de la ley de la calle, expulsión permanente y denuncia ante la Fiscalía por delitos de odio. Toda una cátedra de coerción.
Por Armando.info
Esa tarde de agosto de 2024 era como cualquier otra para O. Acababa de terminar sus deberes estudiantiles del día y decidió tomar un breve descanso en casa. Se sentó y empezó a revisar su celular para pasar el tiempo. Entonces se tropezó con un detalle que rompería su rutina.
Notó que al teléfono le había llegado una notificación de Google advirtiéndole que la dirección de correo electrónico que normalmente usaba como estudiante de la privada Universidad Arturo Michelena (UAM), presentaba fallas. Quiso ingresar a la cuenta para chequear el problema, pero se percató de que su sesión había sido cerrada por una orden de inhabilitación de la propia universidad. Enseguida revisó su usuario en Terna (la plataforma que la institución utiliza para cargar las notas y procesar los pagos de matrículas) y se encontró con el mismo resultado.
Si bien en ese instante O. ya podía intuir por cuál motivo estaba ocurriendo todo aquel veto electrónico contra su persona, no pudo evitar el nerviosismo. Pero apenas recobró la calma, se puso a averiguar: entonces constató que decenas de estudiantes de la UAM tenían el mismo problema.
“Ahí, de inmediato, fue que supe que no se trataba de un error, sino de algo a dedo”, contó O. al reportero de Armando.info. Bajo esa premisa, varios de los afectados, como O., se coordinaron para obtener tanto una versión oficial como una solución para el percance. Preguntaron a las autoridades universitarias y no obtuvieron respuesta alguna en esos primeros contactos. El asunto no era menor para el grupo de jóvenes: mientras se mantenía la inhabilitación, perdían la posibilidad de entregar tareas y realizar exámenes. Podía hasta ocasionar la interrupción de sus estudios universitarios.
Tuvieron que pasar unos días más para que comenzaran a sonar los teléfonos personales de los estudiantes o, en algunos casos, de sus padres y representantes. Con las llamadas, hechas desde la Consultoría Jurídica de la UAM, se les convocaba a una reunión en la recién inaugurada sede de la universidad en el centro histórico de Valencia, la capital del estado Carabobo, en el centronorte de Venezuela. Allí iban a descubrir que el incidente con sus accesos electrónicos no había sido accidental.
Cuando S, otro de los estudiantes inhabilitados en la esfera virtual, acudió a la cita, uno de los docentes que lo recibieron le preguntó si sabía por qué estaba allí. S. respondió con un tajante “no”. La respuesta sirvió para que Pedro Flores, Vicerrector Académico y Consultor Jurídico de la institución, a la cabeza del grupo de autoridades universitarias en esa reunión, empezara a contradecirle con las “pruebas” en la mano. A S. le pusieron enfrente una carpeta con cuatro folios. Cada una de esas hojas contenía una relación de capturas de pantalla con comentarios que S. había intercambiado unos días antes a través de un grupo de estudiantes en WhatsApp. Al propio autor sus posts le lucían apenas sarcásticos; pero, por lo que le decían, ahora S. se enteraba de que las autoridades universitarias los encontraban ofensivos.
Le dieron a firmar un “acta de apercibimiento”. No puso reparos en hacerlo. Por el acta, S. se obligaba a presentar desde sus cuentas de redes sociales una disculpa pública a la UAM, así como a dejar de emitir críticas contra la institución o mensajes que sus directivos pudieran calificar como “expresiones ofensivas”. De no cumplir lo estipulado, advertía el documento, habría consecuencias.
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