Los que tuvimos la suerte de estudiar en la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, durante los turbulentos años sesenta, contamos con una excelente plantilla de motivados profesores, que, curiosamente, en su gran mayoría, tenían una inclinación ideológica marxista. Entre ellos recordamos a Domingo Felipe Maza Zavala, Héctor Silva Michelena, Armando Córdoba, Orlando Araujo, Domingo Alberto Rangel, Pedro Mejía Alarcón, por mencionar solo algunos. De sus aulas salieron encomiables economistas como Emeterio Gómez, quien ganó amplia fama, se decía que él había leído y estudiado todos los tomos de El Capital de Marx, aunque con el tiempo los consideró más novela que ciencia.
Esa seducción que ejercía la doctrina marxista durante los sesenta no era nueva. Ya en los años 20, durante el gomecismo, las ideas socialistas habían permeado en las mentes de la que sería conocida como la generación del 28, entre quienes destacaban Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Miguel Otero Silva, y por supuesto Gustavo Machado, y a corta distancia, a Rafael Caldera, quien la mezclaría con la Doctrina Social de la Iglesia y el Rerum novarum, primera Encíclica social de la Iglesia de León XIII, de 1891, sobre la situación de los obreros.
La influencia de este pensamiento en la mentalidad de los fundadores de la naciente democracia venezolana tendría profundos efectos, no necesariamente positivos. En el primer gobierno adeco (1945-1948), y luego, en el perézjimenista, fusionando el ideario marxista con la doctrina colonial española, que sostenía que son propiedad del estado las riquezas del subsuelo, en consecuencia, se impusieron límites al sector privado para la explotación de los recursos naturales, el petróleo, las minas de oro, diamantes, el hierro, el aluminio y metales no preciosos, exceptuando su uso como concesión del Estado. Aquí coincidieron las ideas monárquicas y marxistas.
Entre las notables consecuencias de este pensamiento se encuentran dos:
La primera, durante el mismo acto de promulgación de la Constitución de 1961, se suspendieron las Garantías Económicas, lo cual permitió a los gobiernos todo tipo de abusos contra el capital privado, entre ellos, los continuos, funestos, burocráticos y rígidos controles sobre los precios de bienes, servicios y alquileres.
La segunda ocurrió durante el primer gobierno de Caldera, cuando se promulgó la ley de Reversión de las Concesiones Petroleras. Esta estipulaba una fecha de entrega de las concesiones asignadas a las petroleras lo que produjo de inmediato una creciente desinversión del sector. Posteriormente esta Ley culminó con la Nacionalización Petrolera en 1974, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, anunciada en un acto con cohetes y fanfarrias, y contó con el beneplácito de las mayorías, salvo contadas excepciones.
Este hecho, la expropiación de la propiedad privada, en este caso extranjera, visto a la distancia, sería emulado, años más tarde por el “comandante eterno” Hugo Chávez Frías, cuando expropió, para calamidad nacional, innumerables empresas productivas de capital nacional, tales como Agroisleña y Sivensa,
A partir de la nacionalización del petróleo, cabe preguntarse, ¿por qué el gobierno de CAP, si tenía tanta capacidad, no impulsó la empresa petrolera nacional como la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP), fundada en 1962? La respuesta es que no lo hicieron porque entendieron pronto, que eso requería constantes inversiones, y que no era solo exigir y sacar impuestos. No era solo ordeñar la vaca, y pensaron que era más fácil arrebatarles a las empresas extranjeras su propiedad.
En conclusión, el marxismo enseña que la propiedad privada es el producto de la explotación del hombre por el hombre, y del capital sobre el trabajo, y, por ende, en su origen, la acumulación del capital es producto del delito, y por lo tanto, apropiable, fórmula que se utilizó en la Unión Soviética, Cuba y otros países similares, entre ellos, el país de “nuestro comandante”.
Lo aprendido desde los años 20 del pasado siglo, ahora lo debemos desaprender si queremos tener un futuro feliz. En este caso, necesitamos entender que la acumulación del capital es legítima y la propiedad privada hay que respetarla.
Gerardo Lucas. Economista-Historiador/gerardolucas.wordpress.com