En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio a siete menores, con edades comprendidas entre 15 y 17 años. Están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales que favorecieron a Nicolás Maduro.
Por El Carabobeño
Este es el segundo grupo de jóvenes, menores de 18 años, que es pasado a juicio en el estado Carabobo. El primero, que fue de dos menores de edad, recibió la decisión judicial el pasado viernes.
La audiencia preliminar inició cerca de las 2:00 de la tarde de este miércoles. Los familiares estaban esperanzados en que, tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron ante la defensoría pública, incluidas constancias de estudio y deportivas y cédulas de testigos, pudieran salir del Palacio de Justicia de Carabobo, en Valencia, con sus hijos.
Pasados a juicio siete menores de edad
Esto no ocurrió. Los siete recibieron una oferta de la jueza: Se declaran culpables y sólo pagarán una pena de 6 años y 8 meses, sin beneficios procesales. De lo contrario, irían a juicio con el riesgo de tener que cumplir los 10 años que pidió la fiscalía para los menores de edad. Ninguno aceptó, por lo fueron pasados a juicio, sin ninguna posibilidad de beneficios.
Estos siete jóvenes, entre los que hay una niña de 16 años, tienen varias cosas en común. Fueron detenidos en distintas horas entre el 29 y el 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. La defensora pública es Kelly Pérez y todos fueron torturados en los centros policiales a los que fueron enviados tras su detención, según declaración de sus familiares.
Todos grabaron un video en el que admitían que les habían pagado 30 dólares por salir a la calle a protestar. Lo hicieron luego de varios días de recibir golpes, tantos que algunos perdieron piezas dentales. Otro tiene las tetillas quemadas, porque le pusieron electricidad. Ninguno de los exámenes forenses exigidos por los familiares se realizó.
Este miércoles, cada uno de ellos participó en la audiencia preliminar telemática, encabezada por la jueza Keidimar Ramos Castillo. Primero intervino el fiscal para presentar los delitos por los cuales debían ser imputados y pedir una condena, tras el juicio, de 10 años. Algunos niños suplicaron por su libertad, pero la jueza no los escuchó.
Una defensoría pública que no defiende
Luego le correspondía el turno a la defensora pública, Kelly Pérez, cuyas intervenciones no alcanzaban los dos minutos. Los familiares creen haberla escuchado cuando susurraba la petición de revisión de medidas cautelares. Esta funcionaria no consignó ante el juzgado todos los documentos que cada padre le entregó para demostrar la inocencia de sus hijos y su condición de estudiantes o deportistas, según les informó la jueza durante la audiencia. “La defensa no promovió nada”, dijo Ramos.
Posteriormente la jueza negaba la petición de la defensora y anunciaba el pase a juicio. La frustración de los padres se hizo presente, no tener derecho a la defensa incrementa la impotencia.
Hoy se arrepienten de no haber denunciado todas las violaciones al debido proceso que enfrentan sus hijos. La primera, una audiencia preliminar realizada 62 días después de la detención y no 10, como establece la ley. Lo hicieron porque pensaron que, por tratarse de menores de edad, habría menos ensañamiento. La realidad hoy es otra.
Dos de estos menores han manifestado intenciones suicidas. No entienden por qué están viviendo esta situación y sus niveles de tolerancia están superando sus propios límites.
Un expediente desconocido
Los padres nunca han podido ver el expediente de sus hijos. “Hemos solicitado el expediente infinidad de veces y siempre nos dicen que no se puede porque es ilegal. ¿Por qué es ilegal si ellos son menores de edad y nosotros somos parte del proceso?”
Es tanta la irregularidad que algunos números de cédula en el acta policial estaban mal escritos. “Dónde está el derecho a podernos defender, con abogados privados. Ni siquiera hemos podido ver qué delitos le están imputando a nuestros hijos.
Un futuro en riesgo
A mi hijo lo detuvieron en una cancha en la que jugaba béisbol, tenía 15 años, cumplió los 16 en agosto y ni siquiera pude abrazarlo. “Los vecinos grabaron el momento de la detención y se ve cuando lo tienen en el piso dándole patadas, después lo levantan y él sale corriendo, entonces el policía dice mátalo, mata al de gorra y mi hijo grita soy menor, soy menor”.
Y aquí estoy yo, prosigue el relato. Teniendo esa pequeña esperanza de que le dieran una medida cautelar porque mi hijo tiene apoyo familiar, pasó para quinto año de bachillerato, es prospecto del béisbol, este año venían de los grandes equipos a verlo. Tenemos todas las atenuantes para que les otorgaran una cautelar que le permitiera seguir con sus estudios y su vida, porque ellos son inocentes, ellos no han hecho nada”.
Esta madre pasó la semana comprando los útiles escolares porque estaba convencida de que le otorgarían la medida cautelar y podría iniciar el quinto año de bachillerato. “Tenía la esperanza de que me lo entregaran para llevarlo al colegio. El está deprimido, cada vez que me ve me dice: ¿Mamá pero por qué yo estoy aquí si yo no he hecho nada?. El es un niño, tiene tanta depresión que no se quiere ni bañar, yo le llevo la comida y la regala porque no quiere comer”, cuenta entre lágrimas.
Ella va tres veces al día al comando a llevar comida, camina una hora y media desde su casa hasta el centro de reclusión. “No puedo trabajar, no como, no duermo, porque no tengo vida, porque mi hija y yo estamos presas, igual que mi hijo.”
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