La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y otras organizaciones que velan por la libertad de prensa y garantías para los periodistas en Latinoamérica, denuncian un aumento en las amenazas y la inseguridad para los comunicadores.
Por Tomás Guevara | Voz de América
A ello se suma el uso cada vez más excesivo del sistema judicial para encausar a periodistas, y en el peor de los casos, intimidaciones directas y acciones desde estructuras del crimen organizado para evitar investigaciones sobre sus operaciones.
El caso del periodista José Rubén Zamora, en Guatemala, es un ejemplo claro del acoso y el exceso en la judicialización, según el análisis de la la SIP “Bajo amenaza: periodistas en América Latina exigen seguridad”.
Su encarcelamiento preocupa porque a finales de septiembre, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de su país postergó hasta el 24 de septiembre de 2025 la decisión sobre el reconocimiento de una apelación que anuló su condena de seis años de prisión por supuesto lavado de dinero y le concedió la libertad condicional.
Zamora fue detenido en julio de 2022, luego de que su medio de comunicación, El Periódico, destapara supuestos casos de corrupción durante la gestión del expresidente guatemalteco Alejandro Giammattei. Su sentencia fue impuesta por el Ministerio Público en un juicio “viciado”, según la comunidad internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea, y organismos de derechos humanos han exigido su libertad, mientras, Zamora permanecerá encarcelado en la prisión militar Mariscal Zavala hasta que los magistrados de la Corte Suprema revisen la apelación.
La familia del periodista, sus abogados y las organizaciones que le amparan consideran “maliciosos” los retrasos del órgano judicial que han “entorpecido” la resolución del sonado caso.
De norte a sur
En México, el país del continente considerado entre los más peligrosos para ejercer el periodismo, ha registrado tres asesinatos a periodistas en lo que va de 2024, según datos oficiales.
En ese contexto, las amenazas de muerte en días recientes contra la periodista Silvia Peraza Azueta, – cuya casa ya fue baleada- ponen en alerta a las organizaciones.
La comunicadora, basada en el estado mexicano Quintana Roo, y fundadora del medio Código Rojo, fue blanco de intimidaciones luego de la publicación de una investigación periodística relacionada con la atención en la Seguridad Social.
“Acaban de balear mi casa”, publicó la cuenta de Facebook de Código Rojo en la madrugada del 24 de septiembre. Las autoridades mexicanas han capturado a dos sospechosos del ataque.
Peraza recurrió inmediatamente a la Fiscalía del Estado para denunciar las amenazas de muerte que provenían de un número del extranjero, en las que se le exigía eliminar una publicación relacionada con una supuesta negligencia del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la muerte de un vecino del poblado de Cozumel, quien murió por no haber recibido atención médica.
“Amiga, bájame esa publicación del IMSS, usted sabe de qué empresa le estoy hablando y lo sabe por el dinero que recibía junto con su amiga, así que bájeme eso ya, si no, ya sabe […] Somos de la empresa CDS”, dijo una persona del otro lado de la línea, en uno de los mensajes enviados a la periodista. CDS podrían ser las siglas del peligroso Cártel de Sinaloa.
Una historia similar enfrenta el periodista colombiano William Stiven Rojas, blanco de amenazas de muerte desde hace más de un año, a las que se han sumado intimidaciones de Los Satanás y Los Castros, dos grupos criminales que operan en Bogotá y sus alrededores.
Sobre este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al gobierno de Colombia garantizar la seguridad del periodista, bajo una medida cautelar que incluye también a su familia.
A principios de este año, un mensaje directo a su número de WhatsApp proveniente de Los Satanás le advertía: “La felicidad y tranquilidad NO tienen precio, cuidado con su familia y su hijo, HP periodista, cada quien debe pagar”. El acoso y las amenazas contra el comunicador también continuaron por otras redes sociales.
En Perú, la SIP ha denunciado que Paola Ugaz se convirtió en la primera comunicadora peruana a la que se le viola el derecho al “secreto de sus comunicaciones”.
Un tribunal pidió a la operadora de telefonía celular todos los registros de llamadas y la información de geolocalización de su teléfono móvil desde el año 2013 hasta 2020.
Durante ese período la comunicadora llevaba a cabo investigaciones sobre el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, relacionado en un escándalo que llegó hasta el mismísimo Vaticano y el papa Francisco, que ordenó la expulsión por abusos sexuales de unos 10 miembros de la organización, incluido su fundador.
También las organizaciones de medios ven patrones similares en las amenazas a la seguridad de los periodistas, sobre todo cuando este panorama podría aumentar la autocensura para evitar convertirse en blancos de ataques.
La SIP y otras instancias siguen de cerca la situación de periodistas en otros países de la región como Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Ecuador y Argentina, entre otros.
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