La Organización No Gubernamental Una Ventana a la Libertad (UVL), este lunes 14 de octubre da cuenta del caso de Elie Joseph Machaalani Hanna, natural de Camaguán, estado Guárico, de ascendencia libanesa, publicista y comerciante, detenido en las celdas del Cuerpo Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc-Barinas) desde hace ocho meses, acusado de hurto calificado y fraude. La ONG exige el cumplimiento del debido proceso reglamentado en el artículo 49 de la Constitución Nacional.
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UVL informa que Machaalani se enfrenta a distintas acusaciones surgidas tras una denuncia presentada por su exempleador en un contexto de solicitud de rendición de cuentas. Sin embargo, la denuncia fue erróneamente dirigida a la Fiscalía de Barinas, que carece de legitimidad para tratar estos hechos, porque presuntamente ocurrieron en San Fernando de Apure, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad del proceso.
A pesar de las múltiples solicitudes relacionadas con la incompetencia del tribunal en razón del territorio, las autoridades judiciales de Barinas han decidido continuar con un juicio en este estado que socava el principio del juez natural, dejando a Machaalani en un peligroso limbo judicial. El caso ha emergido como un sombrío símbolo de la corrupción arraigada y la falta de imparcialidad que afectan al sistema judicial de Barinas.
Jackson Chompre, abogado defensor de Machaalani, asegura que “se está violando el derecho de ser juzgado por los jueces naturales, es decir, los jueces que en virtud del principio locus comisi delicti, tienen atribuida la competencia y la jurisdicción para juzgarlo, como está establecido en el artículo 49 Ordinal Tercero de la Constitución, y los artículos 7 y 58 del Código Orgánico Procesal Penal ”, dijo para UVL.
La competencia está establecida en el Artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece a rajatabla que la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.
“Según la denuncia presentada por el señor Damián, esos hechos ocurrieron en San Fernando de Apure. Por ello estamos planteando que se está violentando esa garantía, por lo cual pedimos un avocamiento ante la Sala Penal del TSJ, la cual ya fue admitida y designado como ponente al doctor Maikel Moreno. Estamos esperando la decisión para que le sustraigan el expediente a Barinas y lo remitan a la jurisdicción competente, que son los tribunales de Apure, sitio donde presuntamente ocurrieron los hechos”, apuntó el jurista apureño.
La defensa ha enfatizado que esta situación no es meramente un ataque personal contra Machaalani, sino que representa un uso abusivo del sistema judicial que amenaza con erosionar la integridad de la justicia misma.
Considera la defensa que es absolutamente imperativo garantizar un juicio justo y transparente en la jurisdicción que corresponde, protegiendo así los derechos de Elie Joseph Machaalani y estableciendo un precedente firme en la lucha contra la corrupción judicial en Venezuela.