El pasado 28 de julio quedaron muy claras tres cosas: el golpe de Estado “institucional” desconociendo los resultados de las elecciones presidenciales celebradas ese día; la defunción del chavismo como el movimiento de masas que alguna vez fue; y la crisis terminal de los partidos políticos, comenzando por el PSUV, plasmada en los contundentes resultados electorales. Este tercer aspecto ya habrá oportunidad de analizarlo, pues, por ahora, nos interesa detenernos en los otros dos.
Lo primero constituye una realidad indiscutible, cierta y absolutamente objetiva ante los ojos de Venezuela y del mundo, es decir, un hecho público y notorio. La votación obtenida por Edmundo González Urrutia -de acuerdo con las legítimas actas de votación dadas a conocer por la dirigencia que lo apoyó y por el Centro Carter- lo convierte en el segundo de los presidentes venezolanos elegido con uno de los mayores porcentajes de votos en nuestra historia electoral, siendo el primero don Rómulo Gallegos, triunfador en las elecciones de 1947.
No obstante esta realidad, el régimen decidió desconocer la soberanía popular, mediante una serie de maniobras a las cuales se prestaron las “instituciones” del Poder Público. Y esta circunstancia no es poca cosa, sino todo lo contrario: aquí no existe ya la institucionalidad que manda la Constitución Nacional y se ha puesto en gravísimo riesgo la misma República al usurparse la voluntad mayoritaria de un país harto de 25 años de destrucción y ruina y deseoso de un cambio para mejorar a Venezuela y ponerla en el camino del desarrollo y del bienestar de su gente.
Lo segundo, es decir, la defunción del chavismo como movimiento de masas, deviene de esa misma aplastante derrota que sufrió el pasado 28 de julio pasado como evidente resultado de su fracaso en el poder, luego de 25 años de incapacidad, corrupción, saqueo y destrucción del país. Porque, sin duda alguna, desde 1999 hasta hoy, el actual régimen ha resultado el peor en toda nuestra historia, y esta no es una afirmación hiperbólica, sino una verdad demostrada en los hechos, lo cual ya es mucho decir en este país que padeció pésimos gobiernos en el pasado, aunque ninguno como el actual.
Si se analizan los verdaderos resultados de las elecciones del 28 de julio se puede constatar cómo el chavomadurismo ha pasado a ser una evidente minoría en todas partes del país. Lo explican dos circunstancias incontrovertibles: que la candidatura de González Urrutia ganara en todos los estados de Venezuela y en la casi totalidad de los municipios y que -como ya se señaló antes- la diferencia de votos a su favor sumara más de tres millones de votos, uha ventaja nunca antes vista. De manera que el régimen no tiene hoy en día ninguna base de apoyo popular que lo pueda sostener y, por lo tanto, sólo cuenta con el respaldo de la cúpula militar y de los cuerpos represivos existentes.
Por eso mismo vienen ejecutando indiscriminadamente planes de terrorismo de Estado y numerosas violaciones de los derechos humanos, con el propósito de atemorizar a la gran mayoría de los venezolanos que votó en su contra. El resultado de estas prácticas inconstitucionales arrojó decenas de muertos y heridos y de miles de detenidos y perseguidos que forman parte de un pueblo que desde entonces viene reclamando respeto a su decisión soberana expresada en esas elecciones.
Esta arremetida, por si fuera poco, ha sido dirigida también contra algunos venezolanos que cumplieron funciones como testigos o miembros de mesa en cumplimiento de un importante servicio al país, y que no constituye de forma alguna un delito por el cual deban ser perseguidos y mucho menos juzgados.
Por supuesto que nada justifica estos procedimientos violatorios de los derechos humanos y menos para ahogar la protesta generada por el desconocimiento de la soberanía popular expresada el 28 de julio. Lo que le correspondía hacer al chavomadurismo derrotado entonces no era otra cosa que admitirlo y reconocer al triunfador, facilitando así una transición democrática y ordenada. Han preferido, en mala hora, transitar el camino de la dictadura, la violencia y la represión al constatar su defunción como movimiento de masas.
Pretenden, de esta manera, no asumir esta nueva realidad que los ha convertido en una franca minoría, sin arraigo popular y sin conexión con la realidad del país ni con las aspiraciones de cambio que hoy animan a la gran mayoría de los venezolanos. No podrán superar esa penosa realidad para ellos, hagan lo que hagan. Son una casta minoritaria y excluyente en el poder, pero todo indica que su obstinación por permanecer en él ya es definitivamente inviable.