El Mundo
A Daiber Jesús (16 años) le pegaron con una tabla en el cuello, a Diomer (17) le dieron descargas eléctricas, a Yenderson (17) lo golpearon en el estómago, a una chica (de 16) embarazada le obligaron a saltar al grito de «¡te vamos a hacer abortar!». A algunos niños los han amenazado con la muerte, otros han manifestado intenciones suicidas. En la revolución bolivariana encabezada por Nicolás Maduro, ni siquiera los menores de edad tienen aseguradas la libertad y la vida.
Por: El Mundo
Inventar un expediente criminal es la tarea que mejor se le da a la Justicia venezolana. La creatividad es tal que, al ver a un niño inofensivo, alguien piensa «a éste lo podemos encarcelar y acusar de terrorismo, incitación al odio, hurto calificado y resistencia a la autoridad». Ese niño probablemente no sabrá lo que significa la palabra terrorismo. Tampoco habrá tenido tiempo de desarrollar odio ni por el amigo que le ganó en un juego. Su gran hurto, si acaso, habrá sido el de un lápiz a algún compañero de clases; y su mayor muestra de «resistencia a la autoridad», el ver la tele cuando debería estar durmiendo.
Son esos los delitos que se les imputan a los niños encarcelados en Venezuela tras los comicios del 28-J. De los 1.916 presos políticos que registra el Foro Penal, 70 son niños entre 14 y 17 años. Sus madres viven con la incertidumbre de no saber qué será de sus niños en un país donde la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) y los derechos humanos están de adorno. Desde las elecciones, incluso dos niños, de 15 y 17 años, fueron asesinados en la calle.
El 2 de agosto, Diomer Gerardo Gómez estaba en la esquina de su casa cuando llegó la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Lo buscaban «por participar en las protestas del 29 de julio». Aunque protestar fuese un delito, Diomer no estuvo en ninguna manifestación, como asegura su hermana Dionexis. Aun así, a este chico de 17 años se lo llevaron esposado, sin orden judicial y sin siquiera saber su nombre.
Diosdado Cabello, ministro de Justicia y Paz, y Tarek William Saab, fiscal general, han insistido en que a los detenidos se les respetan los derechos humanos y que en todos los casos cumplen con el debido proceso. Sin embargo, la mayoría de los familiares denuncia que los niños no tienen fecha de audiencia preliminar o de juicio. Si lo han tenido, han sido sin estar presentes sus representantes, como estipula la ley, y sin un abogado que no sea asignado el Estado.
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