Con gran preocupación recibimos información del delicado estado de salud que padecen actualmente los hermanos Juan Nahir y Daniel Josué Zambrano, presos políticos oriundos del estado Táchira. Así lo alertó en redes sociales la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón.
Juan Nahir Zambrano, del espectro autista, presenta una agudización de su condición, actúa desorientado, nervioso y con fuerte ansiedad; mientras que Daniel Josué también ha desarrollado crisis de ansiedad y estrés postraumático, además de dolores lumbares en la columna y la cervical producto de las torturas infringidas que le impiden dormir. Ambos presentan descompensación, pues se alimentan muy mal, ya que sus padres viven en Los Andes y no pueden trasladarse seguido a visitarlos.
Recordamos que Juan Nahir es un joven de 23 años con edad mental de 13 años; en su reciente informe médico emitido por la Corporación de Salud del estado Táchira en junio de 2024 se solicita evaluación psiquiátrica ante sus episodios de depresión y ansiedad desarrollados en prisión. Ha sido sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ambos hermanos están privados de su libertad desde mayo de 2022.
Hacemos un llamado a las autoridades del sistema de justicia para que atiendan con carácter de urgencia la situación de los hermanos Zambrano y que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio con competencia en Terrorismo emita la boleta de traslado solicitada para que reciban atención médica, especialmente Juan Nahir. Además, exhortamos a revisar sus medidas privativas de libertad y sean liberados por razones humanitarias o en su defecto trasladados a sitios de reclusión cercanos a su residencia familiar. Nos unimos a la solicitud de la defensa privada para que a Juan Nahir le sea otorgado un beneficio sustitutivo de libertad por una pena menos gravosa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 230 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
Juan Nahir debe ser liberado y sometido a tratamiento psiquiátrico de inmediato. Consideramos inaceptable que se le mantenga en circunstancias de gran vulnerabilidad que agravan su condición y extienden el sufrimiento a toda su familia. El Estado venezolano está en la obligación de respetar el derecho a la salud y la vida de los privados de libertad y más aún en personas con condiciones especiales.