El defensor de derechos humanos, Walter Márquez, solicitó de manera formal ante la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía del estado Táchira, la implementación del Protocolo de Minnesota en la investigación de la muerte de Edwin Santos, líder de Voluntad Popular en el estado Apure.
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Márquez ha denunciado la urgencia de aplicar este estándar internacional para garantizar una investigación exhaustiva y transparente, ante las sospechas de una posible ejecución extrajudicial.
El defensor de DDHH expresó su preocupación por las diferentes teorías que han surgido en torno a las circunstancias de la muerte de Santos. Mientras que Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), sostiene que se trató de un accidente de tránsito en la ruta entre El Nula y El Piñal, otras hipótesis han ganado relevancia, insinuando un posible secuestro y asesinato político.
Ante esta discrepancia, Márquez subrayó la necesidad de una investigación exhaustiva que descarte o confirme ambas versiones, afirmando que “no podemos aceptar la tesis del director del Cicpc de que se cerró la averiguación” y rechazó cualquier intimidación hacia quienes puedan tener información sobre lo sucedido.
Márquez indicó que la solicitud de una investigación basada en el Protocolo de Minnesota, fue planteada junto al exgobernador César Pérez Vivas, con el fin de que se aclaren los hechos, pues el anuncio presentado por el director del Cicpc, a su juicio, podría inhibir a testigos clave de presentarse para declarar. “Por eso pedimos que se diseñe una investigación imparcial e independiente desde el momento en que Santos desapareció”, agregó.
Familia de Santos huyó de Venezuela
El defensor de los DDHH también señaló que la familia de Santos se encuentra en fuera del país, temiendo por su seguridad debido al “terrorismo de Estado” imperante. Igualmente, mencionó que la Misión Internacional Independiente de Verificación de los Hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya ha iniciado indagaciones sobre el caso, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha demandado una investigación imparcial.
“Podemos estar ante la posibilidad de un hecho accidental o un crimen de lesa humanidad”, enfatizó Márquez, al tiempo que advirtió sobre el clima de desconfianza que rodea a la investigación. Expresó que la desaparición y muerte de Santos en un contexto postelectoral, con una cifra de 2.500 presos y 25 fallecidos, evidencia la gravedad de la situación actual en el país.
A propósito del anuncio de Diosdado Cabello sobre esta muerte, en la que señaló que los testigos serían convocados ante los organismos competentes, Marqués destacó que “frente a ese estado de terror, ¿qué testigo se va a presentar?”. Recalcó la necesidad de que el Gobierno establezca garantías procesales reales para proteger a quienes deseen colaborar en la investigación.
