Sin carne ni verduras en la nevera, el hambre acecha en el hogar de Neide Fernandes. En Brasil la seguridad alimentaria es una aspiración más que una realidad, a pesar de la lucha redoblada del gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Fernandes, una excajera de 60 años, vive con su marido y dos nietos adolescentes en un minúsculo apartamento de dos cuartos en un hotel abandonado en el centro de Rio de Janeiro. Cables eléctricos recorren los estrechos y oscuros pasillos.
Solo cuenta con una veintena de huevos, “la menos cara” de las proteínas animales que puede pagar.
“No tenemos cómo hacer tres comidas decentes al día”, dice.
Su familia forma parte de los 40 millones de brasileños que sufren “inseguridad alimentaria”, de una población de 212 millones de habitantes, según la ONU.
El problema puede parecer paradójico para una potencia agrícola, pero la mayor parte de la producción nacional se dedica a la exportación, por ejemplo para la soja, y no a insumos básicos como el arroz o los frijoles.
Pese a ello, Lula ha hecho del hambre uno de sus grandes caballos de batalla durante su larga vida política y el lunes lanzará en la apertura de la cumbre del G20 en Rio, una “Alianza global contra el hambre y la pobreza”.
“Conocemos su historia”
Desde que su esposo quedó desempleado hace ocho años, Neide Fernandes es beneficiaria del Bolsa Familia, programa social insignia del izquierdista que entrega dinero a familias, siempre y cuando los hijos estén escolarizados.
“Pero con 600 reales (unos 100 dólares) al mes, no conseguimos nada en el supermercado”, afirma.
En la última elección presidencial de 2022, Fernandes votó sin dudar por Lula, cuyos dos primeros mandatos (2003-2010) permitieron sacar a millones de brasileños de la pobreza.
“Pensé que iba a hacer algo más, pero no noté que hubiese mucha mejora” en su tercer gobierno, lamenta.
Otra beneficiaria de Bolsa Familia, Aila Martins, de 36 años, todavía respalda al izquierdista, un exobrero metalúrgico cuya propia superación de la pobreza lo hizo popular entre los más desfavorecidos.
“Conocemos su historia, él también conoció el hambre. Hace la diferencia”, dice esta madre de tres niños, y embarazada del cuarto.
Aun así, hace la fila para recibir una cesta de alimentos en una sede la ONG Açao da Cidadania en un barrio de Rio, al pie de una favela.
Según un informe de las agencias de Naciones Unidas especializadas en la seguridad alimentaria en el mundo (SOFI 2024), el número de personas con inseguridad alimentaria moderada o severa en Brasil cayó de 70,3 millones en 2020-2022 a 39,7 millones en 2021-2023, equivalente a 18,4% de la población.
Sobre la inseguridad alimentaria severa en Brasil, la cifra cayó 85% el año pasado comparado con 2022, según datos de la ONU que el gobierno de Lula afirma haber obtenido. La reducción fue de 17,2 millones a 2,5 millones de personas (1,2% de la población).
“Hubo una caída muy acentuada, pero eso no quiere decir que el hambre esté resuelto, todo lo contrario”, advierte Rodrigo Afonso, director ejecutivo de Açao da Cidadania.
“Una privación degradante”
Fue en la sede de Açao da Cidadania, que prepara mil comidas al día, que Lula presentó en julio su propuesta de alianza global contra el hambre y la pobreza.
Con lágrimas en los ojos y la voz sollozante, llamó a actuar contra “la más degradante de las privaciones humanas”.
La Alianza busca reunir a países de todo el mundo e instituciones internacionales para financiar la lucha contra el hambre y replicar las iniciativas exitosas.
Para Marcelo Neri, director de la unidad de estudios sociales del centro de estudios Fundación Getulio Vargas, Bolsa Familia puede ser una de ellas.
Otro es un programa que ofrece comidas gratis en las escuelas públicas brasileñas. Su presupuesto fue elevado en 39% en marzo de 2023, luego de seis años paralizado.
Pero Brasil enfrenta los costos elevados de esas iniciativas.
A diferencia de sus dos primeros gobiernos, bañados en los ingresos del boom de materias primas, Lula debe maniobrar a través de las limitaciones de presupuesto, lo que puede poner en “riesgo” la continuidad de estos programas, según Neri.
AFP