Lo cierto es que Venezuela ocupa el último lugar en el Índice de Libertad Económica 2024 del Fraser Institute de Canadá y el último lugar en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024 elaborado por Property Rights Alliance. Tenemos entonces, que es la falta de libertades y de derechos lo que ocasiona el mal desempeño económico y no las sanciones como lo señala la propaganda del Sr. Maduro
La falacia de las sanciones económicas
Es cierto que el gobierno de Maduro ha utilizado las sanciones económicas estadounidenses como chivo expiatorio para justificar los problemas económicos del país. Sin embargo, las amplias licencias otorgadas a empresas como Chevron, Eni y Repsol demuestran que las sanciones no son un obstáculo absoluto para la actividad económica.
Veamos en detalle el intercambio de petróleo crudo y de productos petroleros entre Venezuela y EEUU
En el año 2023 EEUU importó 48,3 millones de barriles de petróleo de Venezuela por un valor total de 3.135 millones de dólares. Entre enero y agosto 2024 (8 meses) la cantidad de barriles importados por totalizó 53 millones de barriles, superando la totalidad de año 2023, por un valor de 3.633 millones de dólares
La cantidad de barriles de crudos importados por EEUU entre enero y agosto 2024 da un promedio diario de 145 mil barriles diarios, el equivalente al 24% de las exportaciones petroleras promedio diarias del país de 600 mil barriles diarios entre enero y agosto 2024
Pero no sólo el país exporta petróleo a EEUU, también importa de ese país productos petroleros como gasolina terminada, nafta para ser usada como diluente en la producción de crudos x-pesados y lubricantes terminados de uso automotor e industrial
Entre enero 2023 y jun 2024 Venezuela importó un combinado de productos petroleros de EEU de 15,2 millones de barriles según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA)
En cuanto a las importaciones petroleras de España de Venezuela, principalmente vía Repsol, en datos de la Corporación d e Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) de España, éstas totalizaron 3,03 millones de barriles en el 1er Semestre 2023; 7,2 millones de barriles en el 2do Semestre 2023 y 9,9 millones de barriles en el 1er Semestre 2024. Tenemos entonces que en el 1er Semestre 2024 las exportaciones de crudo de Venezuela a España tuvieron incremento del 228% respecto a al 1er Semestre 2023.
En líneas generales tenemos que la producción petrolera de Venezuela está soportada mayoritariamente por expresas mixtas que por la producción de Pdvsa por esfuerzo propio.
En cifras que el ministerio de Petróleo de Venezuela envío a la Opep en junio 2024, la producción de Pdvsa por esfuerzo propio fue de 380 kbpd y las empresas mixtas sumaron 534 kbpd, es decir un 41,5% y el 58,5% respectivamente del total de 914 kbpd reportados en junio
Chevron, Roszarubezhneft, CNPC y GazMin International Group concentran el 80% de la producción de la Empresas Mixtas con 427 kbpd equivalentes el 46% del total nacional.
Por otro lado cabe resaltar que el mal manejo de la industria petrolera nacional por parte del régimen de Maduro, ha causado unos gravísimos accidentes industriales, como la tragedia en la refinería de Amuay en el año 2012 que todavía afecta gravemente la capacidad del sistema refinador Paraguaná, los accidentes en los mejoradores de crudos, y más recientemente la explosión en el Complejo Gasífero Muscar, con graves consecuencias en la producción nacional de crudos
Sobre las sanciones individuales de EEUU a funcionarios del régimen
Las sanciones individuales de Estados Unidos contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos han sido una herramienta clave en su política hacia Venezuela. Estas sanciones tienen como objetivo presionar al gobierno venezolano y responsabilizar a personas específicas por acciones que violan los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho.
Características principales de estas sanciones:
Congelamiento de activos: Los bienes que los sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense son bloqueados.
Restricciones financieras: Se prohíbe a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con los sancionados.
Prohibición de entrada: Los sancionados tienen restringido el acceso al territorio estadounidense.
Señalamiento internacional: Estas medidas buscan también aislar a los sancionados en el ámbito global, promoviendo que otros países adopten medidas similares.
Justificaciones:
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Estas sanciones suelen estar respaldadas por informes sobre:
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Torturas y tratos crueles por parte de fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia.
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Persecución política, encarcelamiento arbitrario y represión de manifestaciones pacíficas.
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Manipulación de procesos electorales.
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Corrupción y mal manejo de recursos públicos.
Actualmente, más de 930 personas y entidades venezolanas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro han sido sancionadas por Estados Unidos bajo diversas órdenes ejecutivas, incluyendo la 13.692 promulgada durante la administración de Barack Obama. Estas sanciones están dirigidas principalmente a altos funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y figuras clave en sectores estratégicos como el petróleo y el oro, además de entidades involucradas en violaciones de derechos humanos y corrupción
La más reciente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OAFC) del Departamento del Tesoro, anunció la sanción a 16 funcionarios de Venezuela, acusados de obstrucción de un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en la nación, así como por actos de violación a los derechos civiles y humanos del pueblo.
En cifras de la ONG Foro Penal, en agosto el régimen de Maduro mantenía un total de 1.780 presos políticos, una cantidad 692% mayor a la de diciembre 2023 de 257 presos politicos
En el mismo período, las importaciones de Estados Unidos de petróleo venezolano se incrementaron en 158% comparando las importaciones de agosto 2024 con las de Diciembre 2023.
Una relación muy difícil de digerir: mientras más importaciones de crudo venezolano por Estados Unidos mayor cantidad de presos políticos en Venezuela
La raíz de la crisis
La libertad económica y los derechos de propiedad están íntimamente vinculados y desempeñan un papel fundamental en el progreso y desarrollo de un país.
La libertad económica y los derechos de propiedad son complementarios. Sin derechos de propiedad bien definidos y protegidos, la libertad económica se ve limitada. La existencia de ambos elementos crea un círculo virtuoso: la libertad económica fomenta la inversión y el crecimiento, lo que a su vez fortalece los derechos de propiedad y crea un entorno más propicio para la libertad económica.
El PIB por habitante como expresión de riqueza de un país
En datos del Fondo Monetario Internacional, entre 2013 y 2024 la economía venezolana ha tenido una descomunal contracción del 70%, pocas veces visto en la historia de los países, incluso en algunos que han tenido guerras
Hoy la economía venezolana es apenas el 30% del tamaño de la economía en el año 2013
El PIB (Producto Interno Bruto) por habitante, o PIB per cápita, es una medida económica que divide el PIB total de un país entre su población. Se utiliza comúnmente para estimar el nivel promedio de riqueza o bienestar material de los ciudadanos de un país. Veamos su evolución en Venezuela
En datos del Fondo Monetario Internacional el PIB per cápita ds Venezuela pasó de 12.690 dólares en el año 2012 a 4.020 dólares en el año 2024. Una caída del 68% en los 12 años del régimen de Maduro
Lo que explica el empobrecimiento
Según los últimos índices de libertad económica y derechos de propiedad, Venezuela se encuentra a la cola de los rankings mundiales, revelando que los problemas estructurales internos son los principales responsables de la situación.
El Fraser Institute de Canadá ubicó a Venezuela en el último lugar de su Índice de Libertad Económica 2024, un indicador que mide la libertad individual en el ámbito económico. Por su parte, la Property Rights Alliance situó al país en la última posición de su Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2024, un ranking que evalúa la seguridad de los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos.
Estos resultados confirman lo que numerosos expertos han señalado: la falta de libertades económicas, la inseguridad jurídica y la corrupción generalizada son los principales obstáculos para el desarrollo económico en Venezuela. La expropiación de empresas, la hiperinflación galopante y la falta de acceso a divisas han creado un ambiente de incertidumbre que ha ahuyentado a los inversores tanto nacionales como extranjeros.
La libertad económica de Venezuela
“Es indispensable reemplazar el populismo de soluciones a corto plazo por la existencia de reglas de juego claras e instituciones económicas y políticas sólidas“. Esta es una recomendación que da el Fraser Institute de Canadá que debería aplicarse para toda Latinoamérica, a juzgar por los resultados del Índice Mundial de Libertad Económica 2024 (EFW, por sus siglas en inglés), presentado por la institución canadiense en alianza con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, A.C. (Cedice Libertad).
Cada año, este estudio evalúa a 165 países del mundo a partir de cinco componentes asociados a la libertad económica: moneda sana; tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios.
En esta oportunidad, Venezuela ocupó la última posición (165) del índice con una nota de 3.02 puntos sobre 10, siendo la libertad de comercio el componente donde mejor le fue, en contraste con el de la moneda sana.
Desde 2012 hasta 2024, Venezuela ha ocupado consistentemente el último lugar en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, siendo evaluada como la economía menos libre entre los países analizados.
Acerca de los componentes del Índice de Libertad Económica del Fraser Institute
El Índice de Libertad Económica del Fraser Institute mide el grado en que las políticas y las instituciones de un país apoyan la libertad económica. La metodología utiliza cinco áreas principales, cada una subdividida en componentes específicos:
1- Tamaño del gobierno:
Gasto público.
Impuestos.
Empresas controladas por el estado. Este componente evalúa cómo la intervención gubernamental afecta la actividad económica, considerando que un gobierno más grande suele implicar menos espacio para la iniciativa privada.
2- Sistema legal y derechos de propiedad:
Independencia judicial.
Protección de la propiedad privada.
Imparcialidad del sistema judicial. Este componente destaca la importancia de instituciones legales fuertes para garantizar contratos y derechos de propiedad.
3- Moneda sana:
Inflación y variabilidad de precios.
Acceso a monedas extranjeras. Busca medir la estabilidad monetaria, esencial para planificar inversiones y ahorrar sin pérdidas de valor por inflación.
4- Libertad para comerciar internacionalmente:
Restricciones al comercio internacional.
Barreras arancelarias y no arancelarias.
Controles de tipo de cambio. Evalúa el grado de apertura de una economía al comercio global, un motor clave para la eficiencia y el crecimiento.
5- Regulaciones:
Regulación del crédito.
Regulaciones laborales.
Restricciones para iniciar o operar negocios. Este componente analiza las trabas administrativas y legales que enfrentan empresas e individuos.
Cada área se puntúa en una escala de 0 a 10, y el promedio genera el puntaje general del país. Los países con mayores índices tienden a experimentar mayores niveles de prosperidad, innovación y bienestar.
Los derechos de propiedad en Venezuela
Al igual que en el índice anterior, Venezuela se posiciona como uno de los países donde menos se respetan los derechos de propiedad, de acuerdo con el más reciente Índice elaborado por la Property Rights Alliance.
El Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI en inglés) 2024 es una herramienta que evalúa la protección de los derechos de propiedad en 125 países, representando el 93,4% de la población mundial y el 98% del PIB global.
Este índice, en su decimoctava edición, analiza tres componentes principales:
1- Entorno Legal y Político (LP): Evalúa la solidez y transparencia del marco legal y político que respalda los derechos de propiedad.
2- Derechos de Propiedad Física (PPR): Mide la protección y reconocimiento de la propiedad tangible, como tierras y bienes inmuebles.
3- Derechos de Propiedad Intelectual (IPR): Analiza la protección de creaciones intangibles, incluyendo patentes, marcas y derechos de autor.
El IPRI 2024 destaca la importancia de los derechos de propiedad como pilares fundamentales para el desarrollo económico y social. Una protección sólida de estos derechos fomenta la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible. Además, el informe incluye estudios de caso sobre temas actuales, como la inteligencia artificial y las patentes farmacéuticas, proporcionando una visión integral de los desafíos y avances en la protección de la propiedad a nivel global.
Venezuela ocupó el último lugar del ranking con una puntuación de 1.90, muy por debajo del promedio global de 5.18. Esto se debe a factores como la falta de independencia judicial y un marco regulatorio adverso que limita el desarrollo económico y desincentiva la inversión. Otros países en posiciones similares son Yemen, Haití y Chad
El puntaje IPRI de Venezuela aumentó en 0,054 a 1,927, lo que lo ubica en el puesto 20 en la región de América Latina y el Caribe y en el puesto 125 en el mundo. Venezuela stá clasificada por el FMI como parte del grupo de América Latina y el Caribe y por el Banco Mundial como país de ingresos medianos altos.
El subíndice legal y político de Venezuela aumentó 0,141 a 1,286 con puntajes de 0,353 en Independencia judicial, 0,606 en Estado de derecho, 2,487 en Estabilidad política y 1,698 en Control de la corrupción.
El subíndice de derechos de propiedad física de Venezuela aumentó 0,02 a 1,488 con puntajes de 0,98 en percepción de protección de derechos de propiedad, 0,566 en registro de propiedad y 2,917 en facilidad de acceso a préstamos.
El subíndice de Derechos de Propiedad Intelectual de Venezuela no varió y se mantuvo en 3,007 con puntuaciones de 1,447 en percepción de protección de la propiedad intelectual, 4,083 en protección de patentes, 2,329 en protección de derechos de autor y 4,17 en protección de marcas.
Las consecuencias
Las bajas posiciones de Venezuela en el Índice de Libertad Económica del Fraser Institute 2024 y en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad tienen consecuencias significativas para el pueblo venezolano, impactando tanto su calidad de vida como las oportunidades económicas. Aquí están las principales implicaciones:
1. Deterioro de las condiciones de vida
Pobreza generalizada: La falta de libertad económica limita el acceso a oportunidades productivas y al desarrollo de mercados competitivos, perpetuando bajos ingresos y altos niveles de pobreza.
Inflación y devaluación: La intervención gubernamental en los mercados y la falta de protección de la propiedad privada generan desconfianza, fuga de capitales e hiperinflación, erosionando el poder adquisitivo de la población.
2. Fuga de talentos y emigración masiva
Las restricciones económicas y la inseguridad jurídica empujan a los profesionales y emprendedores a buscar estabilidad en otros países, debilitando la capacidad productiva interna.
3. Inseguridad alimentaria y falta de bienes básicos
La falta de incentivos para la inversión privada en el sector productivo y agrícola conduce a una oferta insuficiente de alimentos y productos esenciales, exacerbando la escasez y la dependencia de importaciones.
4. Corrupción e ineficiencia gubernamental
Con una economía centralizada y ausencia de controles institucionales efectivos, los recursos se asignan arbitrariamente, favoreciendo a élites cercanas al poder en lugar de generar beneficios para la población general.
5. Limitación de derechos individuales y económicos
La falta de derechos de propiedad mina la confianza de los ciudadanos para invertir o emprender, lo que genera desincentivos para el desarrollo de negocios y perpetúa el desempleo.
Además, la inseguridad jurídica permite al gobierno confiscar propiedades o empresas sin justa compensación, alimentando el miedo y la desprotección.
6. Dependencia estatal y deterioro de la iniciativa privada
Con la asfixia de la iniciativa privada, la población depende de programas gubernamentales que suelen ser insuficientes, ineficientes y utilizados como herramientas de control político.
7. Pérdida de competitividad global
La falta de inversión extranjera, derivada de la inseguridad jurídica y la intervención económica, aísla al país de las cadenas globales de valor, dejando a Venezuela fuera de los beneficios del comercio internacional.
Contexto a largo plazo
Estas posiciones reflejan problemas estructurales que no se resuelven a corto plazo y requieren reformas profundas en materia de gobernabiliad, respeto a los derechos de propiedad y apertura económica.
Sin estas reformas, las condiciones actuales seguirán perpetuando ciclos de pobreza, desigualdad y dependencia, afectando de forma severa al pueblo venezolano.
David Morán Bohórquez es miembro del Consejo Directivo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE Libertad)