“Que suelten a mis hijos” es el clamor de Elba Infante, una septuagenaria que exige libertad para sus dos nietos, de 17 y 18 años de edad, detenidos tras las protestas postelectorales del pasado 29 de julio, en la población de Calabozo, estado Guárico.
Corresponsalía lapatilla.com
Con lágrimas en sus ojos, Elba contó las dificultades que atraviesa para visitar a sus dos nietos: Asdrúbal Véliz, de 17 años, recluido en la Entidad de Atención para Adolescentes “Profesor Damián Labrador”, en San Juan de los Morros, capital de Guárico; y José Véliz, detenido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua.
“Hasta cuándo van a tener a esos niños, ya van para cuatro meses y no es fácil. Uno está por ahí anciano de setenta años, luchando con ellos; entonces, bueno, que me los den”, Elba rogó sollozante.
Explicó que quienes trabajaban para cubrir los gastos familiares eran sus nietos, por lo que agradeció a quienes le han ayudado en la actualidad.
Agregó que en algunas ocasiones no cuenta con dinero para viajar y le dan la cola o envía la comida con familiares de otros detenidos.
“Yo soy de Calabozo, estado Guárico (…). Los hermanos cuando vienen a visitar el de ellos, me dan la cola, me llevan y me traen, y así cuando no puedo venir, no vengo, y cuando no puedo traer las cosas, las mando con ellos”, contó Infante.
Salud y libertad
Según datos de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), unas 50 personas permanecen detenidas por causa de las protestas postelectorales del estado Guárico.
La ONG exhortó a los organismos de justicia que garanticen la legítima defensa y el artículo 43 de la Constitución Nacional, que establece: “El Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad…”.
Entre los casos referidos por Fundehullan en su red social X, se encuentra el joven Franklin Bolívar, quien presenta un síndrome epiléptico post-meningitis y está recluido en la Entidad de Atención para Adolescentes “Damián Labrador”.
En el Anexo Femenino de la antigua Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, permanece detenida Karla Suárez, una mujer con más de 7 meses de embarazo y quien recientemente estuvo hospitalizada por presentar contracciones que pusieron en peligro su gestación.
Por otra parte, en el centro carcelario de Tocorón aún está privado de libertad el folclorista guariqueño Robert Rico, un joven diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Asimismo, existen otros casos vulnerables, pero los familiares no denuncian por temor a represalias.
Mientras tanto, las madres y otros parientes de los detenidos enfrentan diversas complejidades para cubrir los gastos de traslado, alimentación y hospedaje desde las ciudades de procedencia hasta los centros carcelarios.