En una tarde de viernes y Miguel C. (pide no revelar su apellido) tiene en una mano un cartón de cerveza para el fin de semana y en la otra un puñado de billetes de 100 dólares. Lo llama el “aguinaldo”, la última transferencia que hará en el año para mandar dinero a México para su hermana y sus sobrinos. “Los gastos se juntan en esta época, pero espero que esto les ayude un poco porque todo está muy caro por allá”, señala este empleado de la construcción de 31 años originario de Huajuapan de León (Oaxaca). En Estados Unidos desde hace nueve años, Miguel envía dinero mensualmente, lo que forma parte de los 5.000 millones de dólares en remesas que cada mes auxilian a 11,1 millones de personas en su país. Esta semana ha mandado 600 dólares desde una pequeña tienda de productos oaxaqueños del sur de Los Ángeles. Le han cobrado 15 dólares de comisión.
Por El País
Esta operación, tan inocua como cotidiana en sitios como California, enfrenta una nueva amenaza. A las deportaciones masivas y los aranceles a los principales socios de Estados Unidos, el trumpismo propone ahora un nuevo tributo que afectará especialmente a las comunidades migrantes. Los simpatizantes de Donald Trump sugieren a la nueva Administración nuevos impuestos a las transferencias enviadas al extranjero. La propuesta no es nueva. El presidente electo barajó la posibilidad durante su primer Gobierno. La idea ha recobrado popularidad entre legisladores republicanos como medida de seguridad fronteriza, pero los expertos ponen en duda su eficacia.
Chuck DeVore, un exasambleísta de California que forma parte de un think tank conservador basado en Texas, ha sido la más reciente voz que pide gravar las remesas que salen de Estados Unidos. “Un impuesto del 50% a estas transferencias al extranjero podría generar más de 23.000 millones de dólares, una pequeña fracción de los 151.000 millones utilizados en servicios sociales que beneficias a los inmigrantes ilegales”, aseguró DeVore a Fox News esta semana.
El exlegislador republicano asegura que el Gobierno invierte cerca de 9.000 dólares por cada indocumentado en servicios de educación, salud y seguridad pública, por lo que el impuesto a las remesas sería una forma de recuperar parte de ese dinero público. “Todo ese gasto social que proviene de los impuestos de los estadounidenses es otra forma de ayuda al extranjero”, opina DeVore. El analista solicita a los senadores republicanos adoptar la iniciativa en enero, cuando comenzará la discusión legislativa de un paquete de defensa y seguridad fronteriza.
Ya existe en el Congreso una iniciativa para fijar una comisión a las remesas. El autor es J.D. Vance, el hombre que en enero se convertirá en vicepresidente de Estados Unidos. El exsenador por Ohio presentó la propuesta en diciembre de 2023. La ley pretende imponer un impuesto de 10% a toda transferencia al extranjero para “penalizar las actividades ilegales, como el tráfico de drogas y personas”. El dinero que se obtenga de esta recaudación será transferido a un fideicomiso que se utilizará para reforzar el control de la frontera, una de las obsesiones de la nueva Administración.
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