El sistema carcelario de El Salvador ha ganado notoriedad internacional desde la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), uno de los complejos penitenciarios más grandes de Centroamérica, inaugurado bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
Por: lapatilla.com
Este recinto fue diseñado para albergar a miles de pandilleros y criminales peligrosos, como parte de las estrictas medidas de seguridad implementadas en el país, para combatir la violencia y el crimen organizado.
Un reciente reportaje del medio Milenio, titulado “Una noche en la cárcel de Bukele”, ofrece un vistazo a la rigurosidad con la que se maneja la vida nocturna dentro de estas instalaciones.
De acuerdo con el informe, las luces en las celdas nunca se apagan, como parte de una estrategia de vigilancia constante. Los reos realizan el aseo en sus propias celdas y son supervisados bajo estrictas medidas por los guardias, quienes no permiten que olviden los crímenes atroces que han cometido.
El reportaje menciona el caso de Alison Renderos, una joven promesa del deporte asesinada por pandilleros, como ejemplo del impacto devastador que estas organizaciones criminales han tenido en la sociedad salvadoreña.
Sin embargo, las políticas carcelarias de Bukele no han estado exentas de controversias. Varias organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos, han denunciado que las condiciones en las cárceles, junto con los procedimientos implementados, violan los derechos fundamentales de los presos, incluso si estos son catalogados como criminales de alta peligrosidad. Entre las críticas más comunes están la privación del sueño, el hacinamiento, y un trato que consideran degradante.
A pesar de las denuncias, el gobierno salvadoreño ha defendido sus acciones, argumentando que son necesarias para garantizar la seguridad del país, que ha experimentado una disminución significativa en los índices de homicidios y violencia desde el inicio de la denominada “guerra contra las pandillas”.
El debate continúa dividiendo a la opinión pública entre quienes apoyan las medidas por sus resultados visibles, y quienes abogan por un enfoque que respete los derechos humanos, incluso en el contexto de combatir el crimen organizado.
