La defensa de la venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano -detenida el pasado febrero-, dijo este martes que la activista sufrió una fractura en el hombro derecho, por lo que exigió su libertad para que sea atendida y operada por sus médicos de confianza.
El abogado Juan González Taguaruco dijo a EFE que la fractura fue diagnosticada el pasado 5 de diciembre, pese a que “ocurrió cuatro meses atrás”, luego de caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis que “no fue debidamente atendida”, y desde entonces -aseguró- “se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos”.
“Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?”, expresó.
A través de la red social X, la ONG Acceso a la Justicia pidió también que “sea evaluada por un equipo médico autorizado por su familia para conocer realmente su estado de salud”, y exigió su “liberación inmediata”.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de este año en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo en febrero que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.
La presidenta de Control Ciudadano es una de las 245 mujeres que, según la ONG Foro Penal, están presas por motivos “políticos” en el país, de un total de 1.905, la gran mayoría aprehendidos tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Este lunes, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia destacó, a través de una publicación en X, el “coraje de mujeres como Rocío San Miguel, quien ha arriesgado su vida en pro de la defensa de los DD.HH.”, y exigió su libertad, una solicitud a la que se sumaron otras organizaciones no gubernamentales. EFE