Sepultaron a Jesús Rafael Álvarez en Anaco sin que se conozca la causa de su muerte

Sepultaron a Jesús Rafael Álvarez en Anaco sin que se conozca la causa de su muerte

Jesús Rafael Álvarez dejó tres hijos a los 44 años y solo quería un mejor futuro para su familia.

 

El Comité por la libertad de los presos políticos (Clippve) informó este domingo que fue sepultado el cuerpo de Jesús Rafael Álvarez en la localidad de Anaco, estado Anzoátegui.

lapatilla.com





“El Sr. Álvarez, preso político poselectoral, muerto bajo custodia del Estado en Tocuyito, fue sepultado la mañana de este domingo, en Anaco, en presencia de su hijo, Jesús Alejandro, y bajó supervisión de funcionarios del Estado”, comunicó la organización en redes sociales.

“Sus dos hijas menores, de 7 y 17 años, no pudieron estar para darle el último adiós. La señora de Álvarez tampoco estuvo durante el entierro, pues se encuentra detenida injustamente en el Destacamento 625 de la GNB, en Puerto Ordaz, desde el viernes 2 de agosto”, detalló el Clippve.

Previamente su hijo mayor había denunciado que su padre fue víctima de maltratos y hambre en el penal, aunque no está clara la razón de su abrupto fallecimiento a los 44 años.

Las autoridades alegaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, razón por la que no pudo ser velado y se procedió directamente a su sepultura.

Hasta el momento, las autoridades chavistas no han ofrecido resultados forenses ni han aclarado si el cuerpo fue sometido a una autopsia de ley en la morgue del Hospital Central de Valencia, estado Carabobo.

Jesús Alejandro Álvarez ha solicitado la libertad inmediata de su madre, Anny Noemí Suárez, quien fue detenida arbitrariamente junto a su difunto esposo en el contexto de las protestas poselectorales.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos recuerda en su página web que “las obligaciones de los Estados de respetar y proteger la vida y la obligación procesal de investigar las muertes sospechosas tienen bases firmes en el derecho internacional”.

Por ello, el Protocolo de Minnesota se instauró en 1991 con la finalidad de investigar muertes potencialmente ilícitas de ciudadanos bajo custodia estatal.