Hace pocas horas sucedió una de tantas violaciones a los derechos humanos que retrata de modo fiel una política de Estado sistemática?para oprimir a todo el pueblo venezolano.
Por Julio Borges | El Debate
Se trata del caso de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, preso político detenido por protestar por el robo de las elecciones del 28 de julio. Jesús falleció en el centro penitenciario de Tocuyito sin que nadie de ninguna explicación de que paso y como paso. Su hijo, José, un adolescente, se enteró de la muerte de su padre?a través de las redes sociales y se trasladó al penal donde le negaron que algún preso hubiera muerto. Posteriormente, se trasladó a un hospital donde reconoció el cadáver.
Sin embargo, al tratar de retirar el cuerpo de su padre le niegan que esté su padre fallecido en el hospital. Luego de días de desaparición se hace un entierro totalmente controlado por la Policía donde solo está él. Ni sus hermanos ni otros familiares pudieron ir al entierro. Por cierto, su mamá también está presa desde hace meses por protestar después de las elecciones del 28 de julio.
Este es otro preso político que se le niega atención médica y se deteriora su cuadro de salud en las mazmorras de la dictadura, es otra muerte que enluta a Venezuela.
Desde el 28 de julio, no solo se han disparado las detenciones arbitrarias, más de 2.000 desde esa fecha, sino las muertes de los presos políticos, que hoy no solo son quienes ejercen alguna actividad partidista, sino cualquier persona que defienda la verdad y crea en la democracia, inclusive niños son detenidos y torturados por el solo hecho de pedir libertad y dignidad.
Ante tanta crueldad e ignominia de la dictadura, la Corte Penal Internacional (CPI) sigue sin hacer la justicia que espera el pueblo venezolano. Nicolás Maduro se ha valido del principio de complementariedad para burlarse de la CPI y dilatar todo el proceso.
La demora ha llegado a tal punto que el reconocido abogado y asesor del fiscal de la CPI, Claudio Grossman, renunció esta semana a su cargo, alegando inconformidad con la demora en la investigación a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Venezuela.
Para seguir leyendo ingrese AQUÍ