La crisis de los seis opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas sigue escalando y cada vez tiene más aristas. A las constantes denuncias de asedio y hostigamiento contra la sede diplomática –el corte de electricidad y agua, el bloqueo de la entrada de suministros, la ocupación de las viviendas aledañas para controlar las instalaciones y la aparición de francotiradores en las inmediaciones–, se suma la participación de nuevos actores que intentan mediar para encontrar una salida.
Por Susana Gaviña / Thalía Flores / Luis Pérez / abc.es
Si la semana pasada fue la Organización de Estados Americanos (OEA) la que convocó una reunión para analizar la situación, en la que 13 países pidieron que el Gobierno de Venezuela otorgara salvaconductos a los asilados; este martes fue el ministro de Exteriores de Colombia quien reveló el intento de su país por lograr dichos salvoconductos, que permitirían salir a los seis opositores –miembros del equipo de María Corina Machado– de Venezuela.
«Desde el mismo instante en que se presentó ese incidente, nosotros ofrecimos asumir la custodia de la embajada de Argentina», aseguró Luis Alberto Murillo en declaraciones a la prensa en el archipiélago caribeño de San Andrés, donde clausuró la Cumbre de Pueblos Afrodescendientes del Caribe Occidental. La sede diplomática actualmente se encuentra bajo la protección de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos motivada por el no reconocimiento de los resultados electorales anunciados por el chavismo.
Murillo ofreció algunos detalles más, no desvelados hasta ahora, sobre el papel mediador de Colombia. «Fui a Brasil personalmente, por instrucción del presidente Petro, porque logramos en nuestra conversación con el Gobierno de Venezuela que se dieran los salvoconductos a estas seis personas (…) ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glas en Ecuador».
Con estas palabras, el canciller quiso subrayar el compromiso de su país con la estabilidad de Venezuela y acallar las críticas por el tibio papel de Colombia en la su presunta mediación en la crisis abierta en el país vecino tras el fraude electoral del pasado 28 de julio, cuya victoria se adjudicó Maduro –sin mostrar las actas–, lo que provocó una ola de protestas, seguida de detenciones –más de 2.000– y represión. Es por esta falta de transparencia por lo que hasta el momento el Gobierno de Petro no ha reconocido este triunfo, pero tampoco lo ha hecho con Edmundo González, que logró casi el 70% de los votos, algo que sí ha realizado el Congreso colombiano.
Noboa rechazó la petición
Si bien no ha trascendido el nombre de la persona detenida en Argentina que reclama el régimen chavista, Murillo no tuvo reparo en hacer pública la petición de un salvoconducto para el correísta Jorge Glas, que fue vicepresidente de Ecuador entre 2013 y 2018, primero bajo la Presidencia de Rafael Correa y después con Lenin Moreno. Juzgado y sentenciado por corrupción, Glas se encuentra actualmente encarcelado en la prisión de alta seguridad conocida como La Roca, tras haber sido detenido el pasado mes de abril en la Embajada de México en Quito, donde había pedido asilo en un intento por burlar a la justicia.
La entrada de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México provocó la ruptura entre ambos países, así como denuncias mutuas ante instancias internacionales.
La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, que confirmó este miércoles la visita de sus homólogos colombiano y brasileño a Quito para tratar el canje de salvoconductos, declaró que «Ecuador no está a favor de la corrupción ni de la impunidad y no somos aliados del régimen de Maduro; son tres principios que son claros para Ecuador», dijo Sommerfeld.
Asimismo, corroboró lo señalado por Murillo, y que ella conversó con los cancilleres de Argentina y de Brasil sobre el tema. «La instrucción del presidente Noboa fue determinante y la descartó de inmediato», reveló Sommerfeld, señalando que el encuentro tuvo lugar a finales de agosto. La propuesta la hizo Venezuela, Colombia y Brasil –estos dos últimos fungieron como intermediarios–.
La entonces responsable de la cartera de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, le comentó a Sommerfeld que también querían que Argentina liberara a una persona detenida y la petición también fue rechazada. Mondino fue destituida por Milei el pasado mes de octubre después de votar en la ONU contra el embargo a Cuba, y sustituida por Gerardo Werthein.
Asedio y coacción
La estrategia del régimen chavista de convertir a los asilados en la Embajada argentina en rehenes y en moneda de canje se suma a la de realizar detenciones de ciudadanos extranjeros para luego pedir algo a cambio de su liberación.
En esta ocasión se trata de seis opositores que ingresaron en la residencia del embajador de Argentina en Caracas el pasado 20 de marzo después de que el fiscal general chavista, Tarek William Saab, anunciara la existencia de órdenes de arresto contra ellos. A principios de abril el Gobierno de Milei les concedió asilo, pero no pueden salir del país sin un salvoconducto del Gobierno de Venezuela.
El acoso contra la sede diplomática argentina se intensificó la noche del 6 al 7 de septiembre, cuando Edmundo González se encontraba en la Embajada de España en Caracas donde estaba negociando su salida del país, para refugiarse en España.
Tras casi nueve meses en la Embajada argentina, los opositores ofrecieron hace unos días sus primeras declaraciones públicas, a través de una rueda de prensa vía zoom. «Nos encontramos en una situación de alto riesgo, y no sabemos si tendremos oportunidad de volver a conversar», aseguró Magalli Meda, jefa de la campaña de Machado y González. «La situación se ha ido complicando y el desenlace no está muy claro. El régimen ha decidido usar esta embajada como un mecanismo de coacción y de presión ante todo lo que ellos sienten que puede vulnerar su permanencia en el poder», subrayó Meda.