Camino a concluir el año, la Universidad Simón Bolívar ilustra muy bien el proyecto y destino del aula comunal en Venezuela y las modalidades empleadas para alcanzarlo. Las autoridades interventoras ya de larga duración, no convocaron las elecciones que ordena la legislación vigente y, apostando por su prolongación, inventan ahora un cambio reglamentario evidentemente interesado, negando la palabra al gremio profesoral en un consejo directivo que inconsultamente lo aprobó, sin la menor discusión de la propuesta, estableciendo un nuevo precedente; por cierto, en contraste con el rechazo de los profesores, la representación estudiantil lo votó sin explicación alguna, en provecho del receso navideño.
La casa de estudios que tiene un importante déficit de profesores de matemáticas, advertidas las consecuencias hace más de un año, no permite la discusión de una idea y una propuesta que lesionan la autonomía universitaria de arrancada, por cierto, cónsona con el contrato colectivo que el gobierno acordó consigo mismo, a través de sus propias y exclusivas organizaciones sindicales. Dato éste, frecuente y deliberadamente olvidado por los atemorizados actores de una comunidad universitaria que, nos parece, ha perdido la credibilidad y prestancia de décadas atrás, aunque no faltan los ilusos que diligencian una cercanía con los sectores oficialistas que tienen muy claro algo: ellos son los originales que bregaron y obtuvieron el poder y ¿para qué las copias tardías que tienen más vocación de cortesanos que académicos?
La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), es la única expresión y entidad gremial que se ha opuesto frontal y expresamente a la pretensión nada participativa ni protagónica de las autoridades interventoras, sin que sintamos que la representación del estudiantado y de otros gremios digan algo. Demuestran los conductores de la referida asociación que tiene por empeño renovar prontamente su directiva, el coraje, la convicción y la gallardía que lucen indispensables, pues, sólo a los que se les ha visto la cara, han fijado posturas, denunciado la situación y apuntado a soluciones, tendrán la suficiente autoridad moral para la sucesión. No obstante, es de observar que así como – hasta ahora – los profesores de la Universidad Simón Bolívar la han defendido de acuerdo a lo pautado en la Constitución de la República, también lo han hecho con el resto de las casas de estudios, con la ausencia de los legítimos directivos de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), por cierto, con la salvedad de la visita prodigada a un diálogo en el Palacio de Miraflores quela ha empañado.
Ningún vocero calificado de FAPUV se ha pronunciado en torno a la realidad de la Simón Bolívar, por extraordinario que fuese y lo es, el desempeño de sus profesores, y tampoco lo ha hecho respecto a otras casas de estudios. Es la verdad del tamaño de una catedral, olvidando la necesidad de una sociedad civil que ha de organizarse cada vez más, en lugar de las calculadas y recurrentes omisiones pretextadas por aquello de no meterse en política, comodidad que nunca impedirá el avance de la comunalidad en el aula superior, reñida con la Constitución de la República.
La opinión pública demanda de FAPUV un pronunciamiento inmediato, oportuno y convincente, como no lo ha hecho en los últimos tiempos. Sartenejas y el núcleo del litoral central, lo ameritan.